Guerra abierta a la inmigración. Las imágenes de enfrentamientos en las calles de Los Ángeles, con los uniformados armados y lanzando explosivos como si fuera un conflicto bélico, prueban la escalada contra los aliens , término que gusta mucho a la Casa Blanca para designar con carácter peyorativo a los foráneos simpapeles.

En la película de Ridely Scott de 1979, ya un clásico del cine de ciencia ficción y terror, Alien es el octavo pasajero de la nave Nostromo , un ser alienígena, una verdadera alimaña, metáfora que el presidente Trump parece tener en cuenta cuando describe a los inmigrantes indocumentados, a todos en general sin distinción cuando son no blancos, como unos criminales que solo pretenden llevar a cabo la invasión de Estados Unidos.

Stephen Miller, jefe adjunto del gabinete del presidente y arquitecto de la dura política antiinmigración en marcha, estaba que se tiraba de los pelos, aunque no tiene ni uno en su testa, porque los agentes de control de aduanas –ICE o la migra entre los hispanos–no se aplicaban con disciplina y no detenía a suficientes “ilegales”, como los llama de forma incorrecta y todavía más degradante si cabe.

Frente a lo que consideró un número muy bajo de arrestos, a mediados de mayo amenazó con despedir a los cargos de la fueza del ICE si no cumplían con el objetivo de detener a 3.000 “inmigrantes no autorizados” al día.

Esa cifra plantea otro problema, ¿dónde meterlos? Pero esa cuestión resulta secundaria ante las presiones para incrementar el número de detenciones, objetivo principal del gobierno.

Así que la migra trabaja a destajo en restaurantes, escuelas, hospitales o en los juzgados, lugares que se consideraban más o menos seguros hasta ahora.

La advertencia de Miller cobró cuerpo esta semana, en concreto el pasado martes, cuando hicieron 2.200 arrestos, la cifra mayor en una sola jornada de la que se tiene constancia en la historia de estos operativos, según confirmó la secretaria del Departamento de Seguridad Nacional, Kristi Noem.

La culminación de esta escalada en busca de ampliar el récord provocó este viernes (horas de la madrugada en España) un estallido de violencia cuando los funcionarios federales desarrollaron tres redadas en el down town de Los Angeles. Hubo más de un centenar de inmigrantes arrestados.

Pero su acción originó una revuelta popular. Los agentes, que iban con equipo táctico y fusiles militares, lanzaron granadas aturdidoras para dispersar las protestas que propiciaron sus operaciones.

Esas manifestaciones dejaron al menos 45 detenidos, en la que es la última evidencia de la creciente tensión entre las fuerzas del ICE, que contaron con el apoyo del FBI y la DEA (agencia contra el tráfico de drogas), y los ciudadanos. Uno de los detenidos fue David Huerta, presidente del sindicato SEIU (trabajadores de servicios) en California, quien resultó herido durante los enfrentamientos.

En una extraordinaria demostración de fuerza, docenas de agentes emergieron en uno de esos lugares –en el distrito de la moda, no lejos del ayuntamiento–, equipados con cascos y uniformes de combate.

Llegaron en dos enormes camiones blindados y otros vehículos camuflados. Rápidamente se les acercó una multitud de activistas pro inmigrantes y simpatizantes.

Horas después de esos primeros choques se produjo una nueva confrontación entre manifestantes y agentes federales fuera del centro de detención donde fueron llevados los inmigrantes arrestados. Los uniformados respondieron con balas no letales y con gas pimienta, mientras los otros arrojaron objetos como sillas, e hicieron pintadas anti ICE

En una metrópolis, liderada por demócratas, donde el 30% de los residentes son inmigrantes, la crítica saltó de inmediato.

“Ha sido una demostración de terror”, señaló la alcaldesa Karen Bass. “Como alcaldesa de una ciudad orgullosa de sus inmigrantes, que contribuyen de muchas maneras, estoy muy enfadada con lo ocurrido. No defenderemos estas acciones”, añadió la alcaldesa.

“Las continuas y caóticas redadas federales para cumplir con una cuota arbitraria de arrestos son tan imprudentes como crueles”, subrayó en un comunicado Gavin Newson, gobernador de California.

“El caos de Donald Trump está erosionando la confianza, destrozando familias y debilitando a los trabajadores y las industrias que impulsan la economía estadounidense”, recalcó.

Hasta ahora se habían producido respuestas a la actuación del ICE, si bien carecían de esta dimensión. El arresto de un estudiante de una escuela pública de Nueva York suposo que el alcalde, Eric Adams, hiciera una llamada para que los niños inmigrantes no dejen el colegio.

El caso de Los Angeles supone una mayor intensidad en la protesta respecto a otra que se produjo también en California, hace una semana, cuando agentes aduanas irrumpieron enmascarados en un popular restaurante italiano de San Diego y los clientes se amotinaron.

Estas respuestas muestran que mucha gente considera que ha llegado el momento de oponerse a estas operaciones en contra de vecinos que jamás causaron un conflicto.

Una de estas quejas ha supuesto el regres, el viernes, a EE.UU. de Kilmar Abrego García, el salvadoreño residente en Maryland deportado a un penal de su país por error, como reconoció el Gobierno, puesto que disponía de estatus de protección. Sin embargo, sin comerlo ni beberlo, el Departamento de Justicia justificó esta decisión porque Abrego debe afrontar cargos en EE.UU. por transporte ilegal de indocumentados. Trump dijo a los periodistas que “es un tipo muy malo”. Pero, en verdad, el presidente consideró esta imputación como un revés a los jueces que frenan las deportaciones.

Los abogados de Abrego hablaron de “cargos inventados” para continuar criminizándolo. Juristas independientes acusaron a Trump de “vendetta” y matizaron que el caso abierto tiene “cero credibilidad”.