Agentes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil, en una operación conjunta, han desarticulado una organización criminal de carácter transnacional dedicada, presuntamente, a la trata de seres humanos con fines de explotación laboral, y han conseguido la liberación de 45 víctimas que eran explotadas en fincas agrícolas de Castilla y León, Aragón, Cataluña, Comunidad Valenciana y Extremadura.

Hay

nueve personas detenidas, tres

de ellas

en Ávila

, que ya han ingresado en

prisión provisional.

La organización, con base en la provincia de Zaragoza, estaba integrada por ciudadanos de

origen pakistaní y argentino

especializados en la captación y explotación de migrantes en situación de vulnerabilidad, procedentes de países como

Nepal, Pakistán e India

, a los que engañaban con falsas promesas de trabajo digno en España.

La investigación policial se inició en julio de 2024 cuando se detectó a varios temporeros de origen asiático que podían ser víctimas de explotación laboral.

Las pesquisas iniciadas por los agentes se centraron en Zaragoza, donde la organización criminal tenía su base, y desde donde se dedicaban a la

captación y explotación de migrantes

en situación de vulnerabilidad procedentes de países asiáticos, mayoritariamente de origen nepalí, a los que engañaban con falsas promesas de trabajo digno en España.

Condiciones infrahumanas

Una vez en territorio nacional la red criminal ubicaba a las víctimas en las comunidades autónomas citadas,

donde comenzaban a trabajar en explotaciones agrícolas bajo condiciones laborales

muy precarias, en largas jornadas de sol a sol, con salarios inferiores al permitido legal, sin contrato y sin estar dados de alta en la Seguridad Social.

Las víctimas además

vivían hacinadas en viviendas precarias

facilitadas por la organización, sin condiciones higiénicas mínimas, durmiendo en colchones en el suelo y sin acceso a servicios básicos.

En este sentido, en uno de los registros realizados, los agentes descubrieron a 24 migrantes viviendo en el mismo inmueble.

En aquellos casos

en los que los empresarios exigían la documentación de los temporeros para darlos de alta de manera legal en sus fincas,

la organización criminal utilizaba documentación de otros extranjeros para realizar el trámite administrativo de manera fraudulenta,

lo que les permitía simular una situación laboral regular y facilitaba su explotación sin levantar sospechas.