Kilmar Abrego García, el salvadoreño residente en Maryland y deportado en marzo por un error administrativo a El Salvador, será finalmente devuelto a Estados Unidos, donde se enfrentará una imputación por dos delitos penales federales relacionados con el tráfico de indocumentados.

La deportación del salvadoreño se convirtió en un ejemplo paradigmático de la discrecionalidad de las políticas migratorias de Donald Trump y de su desprecio por la separación de poderes. A pesar de que una orden judicial del 2019 prohibió explícitamente su deportación a El Salvador, donde podía enfrentar persecución, la Casa Blanca desoyó la sentencia y lo expulsó junto a otros 200 inmigrantes bajo la ancestral ley de Enemigos Extranjeros de 1798.

Poco después, una orden del Tribunal Supremo, dictada por unanimidad, mandó al Gobierno a “facilitar” su regreso a EE.UU., pero la Casa Blanca se negó a hacerlo, asegurando sin aportar pruebas que formaba parte de la pandilla MS – 13. Trump se amparó en sus tatuajes, que expertos en este tipo de bandas criminales desmintieron que estuvieran relacionados con ellas.

Finalmente, el departamento de Justicia ha presentado una acusación formal por dos delitos relacionados con el transporte ilegal de extranjeros indocumentados con fines lucrativos. La demanda, presentada este viernes en un tribunal federal de Tennessee, acusa al salvadoreño y a otras personas de haber traído a EE.UU. a miles de inmigrantes indocumentados de varios países centroamericanos, “muchos de los cuales eran miembros y asociados de la MS – 13”.

La Administración había reconocido en sede judicial que su deportación se había producido por un “error administrativo”, pero después cambió de posición y la justificó asociándolo a la pandilla MS – 13, que había sido declarada organización terrorista por la Casa Blanca, por lo que en su opinión entraba en las competencias de la ley de Enemigos Extranjeros.

En El Salvador, fue encarcelado en la prisión de máxima seguridad del CECOT, inaugurada por el presidente Nayib Bukele para encarcelar a las maras del país centroamericano. En su reunión con Trump en el despacho oval, el presidente de El Salvador también rechazó de pleno devolverlo a EE.UU.

Tras semanas desoyendo a los tribunales, la Casa Blanca finalmente lo traerá de vuelta al país para enfrentar lo que se le negó desde el principio: un proceso judicial. Sin embargo, este proceso no tratará sobre su deportación, sino sobre los cargos de los que la Administración Trump le acusa.

Esta nueva situación no lo protege de una futura deportación. El Gobierno ya avisó que, en caso de que volviera a EE.UU., sería deportado a otro país distinto de El Salvador, pues la orden del 2019 solo impedía que fuera expulsado a su país de origen.