Más de tres años después del comienzo de la invasión rusa de Ucrania, la Comisión Europea comienza a preparar el terreno para que los ucranianos que se encuentran desplazados en territorio de la Unión Europea puedan volver a casa. Pero, a la vez, no quiere que se queden sin el marco legal que les ampara en territorio comunitario y propone prorrogar un año más la protección temporal que da derecho a los refugiados europeos a vivir y trabajar en el bloque.

Esta protección, de momento, está vigente hasta marzo del 2026. Pese al inicio de las conversaciones de paz en Estambul, que han producido escasos resultados, Europa considera que siguen sin darse las condiciones de seguridad para la vuelta de los refugiados a Ucrania y que es necesario extender su estatus hasta marzo del 2027. Si las circunstancias cambian y permiten “un retorno gradual y una reintegración sostenible en el país”, la Comisión podrá proponer entonces suspender la protección temporal antes de esta fecha.

“Lo hacemos porque da certezas legales a los estados miembros, da seguridad a los ucranianos que no deben solicitar asilo y evita el riesgo de sobrecargar los sistemas nacionales de acogida”, explicó el comisario europeo de Interior, Magnus Brunner, junto al vice primer ministro ucraniano Oleksí Chernishov. Casi a la misma hora, y también en Bruselas, el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, aseguró que invitará al presidente Volodímir Zelenski a la próxima cumbre de líderes en La Haya.

La extensión –que debe ser ratificada por los Veintisiete– llega con fondos adicionales para los estados miembros que acogen a refugiados ucranianos. Desde el inicio de la guerra, se han entregado unos 15.000 millones de euros a los socios comunitarios con este propósito, y ahora pondrán a disposición otros 4.000 millones tanto para implementar el pacto de migración y asilo como para dar apoyo en esta protección temporal.

Europa cuantifica en por lo menos 4,3 millones los desplazados ucranianos desde que se activó por primera vez el mecanismo de protección temporal, en marzo del 2022, un mes después del inicio de la agresión rusa. De ellos, cerca de 234.000 se han instalado en España. Según los últimos datos ofrecidos por Eurostat, el 27,8% residen con protección temporal en Alemania (1,2 millones), un 23,4% en Polonia (casi un millón) y un 8,6% en República Checa (365.055).

El Ejecutivo comunitario propone a todos los países que vayan preparando el periodo de transición para cuando termine esta protección temporal. Por ejemplo, pensando en los que ya están integrados en Europa y no quieran volver, les anima a facilitar que su permiso cambie a otros estatus legales, como permisos de residencia basados en el empleo, la investigación, los motivos familiares o un estatus nacional de residente de larga duración.

Según un informe del Centro Europeo de Estudios Políticos y Sociales (CEPS), cada vez son menos los que quieren regresar, del 74% a finales del 2022 al 43% a finales del 2024. Para los que sí planeen hacerlo, la UE quiere organizar un “retorno gradual y ordenado a Ucrania mediante visitas exploratorias, programas de retorno voluntario y el cuidado de las personas vulnerables hasta que se puedan atender sus necesidades en Ucrania”. Además, se crearán centros de apoyo e información para este retorno en los estados miembros.