El Gobierno de la Comunidad de Madrid tiene infrafinanciados los sistemas de inserción laboral en menores tutelados. La Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales reconoce en un informe firmado por la Dirección General de Infancia, Familia y Fomento de la Natalidad que uno de sus programas para la inserción laboral de menores tutelados, conocido como Programa Junco, atendió a 832 adolescentes durante 2024 cuando “en el convenio figura la atención de 240 jóvenes”. Es decir, que con la financiación diseñada por el Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso se atendieron casi cuatro veces más de los menores que se deberían cubrir.

El Programa Junco está destinado a la formación de jóvenes que se encuentran dentro del sistema de protección de la Comunidad de Madrid y que ayuda a la “búsqueda activa de empleo a través del contacto directo con el mundo empresarial” así como al “acompañamiento y seguimiento” de jóvenes. Un programa dentro del Instituto Madrileño de la Familia y Menor que funciona desde hace muchos años y que fundamentalmente tiene a su cargo a menores migrantes que no tienen a sus padres en España.

El informe interno del Gobierno, al que ha tenido acceso Público, reconoce la “saturación” del programa y asegura ser incapaz de atender toda la demanda que debería. “No se dan altas de adolescentes que están en los centros de primera acogida […] debido a la saturación del programa”, explica el documento. Este mismo escrito, llamado Memoria 2024 Plan de Autonomía 16-21, revela que el Gobierno de Ayuso ocultó que dejó en la calle a 77 menores tutelados al cumplir 18 años durante 2024.

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Desde la Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, liderada por Ana Dávila, dan su versión ante la escasez de recursos y disparan en dos direcciones: culpan al Gobierno de España y achacan la saturación a “la llegada masiva de menores” durante 2024: “Los recursos están dimensionados para atender a los menores que lo precisan en el sistema de protección. La llegada masiva de menores durante 2024, que ha duplicado la exigencia de recursos del sistema, con jóvenes en muchas ocasiones cercanos a la mayoría de edad, cuando no directamente mayores de edad, ha tensionado también recursos como los de Junco, que están saturados debido al descontrol del Gobierno de España ante una crisis migratoria que ya dura más de un año y medio”, aseguran a este periódico.

La Comunidad de Madrid no ha facilitado el presupuesto destinado al Programa Junco, pero la infrafinanciación se puede constatar con facilidad. Hace más de una década ya se atendían más jóvenes de los previstos por el Gobierno para este último año. Si en 2024 el límite debería ser de 240, el programa de 2014 refleja que se atendieron 467, más del doble que recogía el último convenio.

La consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid, Ana Dávila (i) y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso (d).
La consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid, Ana Dávila (i) y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso (d).Europa Press
Falta de transparencia con los menores migrantes
Aunque desde el Ejecutivo de Ayuso apuntan a una llegada masiva de jóvenes, la realidad es que los datos de los menores migrantes en Madrid siguen siendo una incógnita. El Ministerio de Juventud e Infancia de Sira Rego ya denunció hace unos meses que Madrid no había ofrecido datos fiables para la acogida de menores, una información necesaria para poder llevar a cabo el reparto pactado por el Gobierno de Pedro Sánchez.

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Diana Paredes, diputada de Más Madrid y encargada de monitorizar la actividad del Gobierno de Ayuso en materia de migración, es muy crítica con los datos de saturación: “El programa Junco es un buen recurso que lamentablemente ahora mismo está infradotado presupuestariamente. Algo tan importante como la inserción laboral para la efectiva emancipación de los menores tutelados, nos resulta claramente insuficiente porque no se apoya económicamente por parte de la Comunidad de Madrid y muchos menores tutelados se quedan fuera por el limitado número de plazas. Hablamos de que en la Comunidad de Madrid hay en torno a 4.000 menores tutelados. No podemos permitir que solo una mínima parte de ellos acceda a una transición digna hacia la vida adulta”, sostiene.

La diputada del partido líder de la oposición asegura que “cada año, cientos de jóvenes que han sido tutelados por la Comunidad de Madrid se enfrentan a una situación de desamparo institucional”, ya que “cumplen la mayoría de edad sin una red familiar, sin recursos suficientes y, en demasiados casos, sin una alternativa habitacional estable”, algo que lleva a “muchos de ellos a situación de sinhogarismo”. “Es un drama social y una responsabilidad política que el gobierno de Ayuso debe asumir”, asegura Paredes.