El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha desestimado las medidas cautelares solicitadas por el Gobierno de Aragón, en el que pedía la suspensión de la remisión de los datos sobre su sistema de protección de menores. Con esto, la comunidad se ve obligada a compartir el número de plazas ocupadas con el Ministerio de Juventud e Infancia, el cual hará público en una próxima rueda de prensa.

La decisión del TSJM supone un duro revés para el Gobierno liderado por Jorge Azcón, ya que había sido el único Ejecutivo autonómico que se había negado rotundamente a aportar la información requerida, pese al rechazo en bloque de todas las comunidades gobernadas por el PP.

Esta resolución permite que el Gobierno central pueda comenzar a respirar tranquilo respecto a esta cuestión, ya que ha logrado salvar uno de los principales obstáculos que se habían presentado para la aplicación de la norma, con la que pretende ejecutar el reparto extraordinario de 4.400 menores migrantes que saturan los centros de acogida de Canarias, Ceuta y Melilla. Ahora, una vez tenga los datos de Aragón en su poder, el Ministerio liderado por Sira Rego podrá convocar una Conferencia Sectorial para proponer a todas las comunidades autónomas su propuesta de acogida para cada una ellas.

Según comunicó el secretario de Estado de Juventud e Infancia, Rubén Pérez, cada región debería acoger un total de 32 menores migrantes no acompañados por cada 100.000 habitantes, lo que llevaría a Aragón a aumentar su capacidad máxima, que, según deslizó el delegado del Gobierno Fernando Beltrán, podría rondar las 400 plazas.

Sin embargo, la contienda judicial entre el Gobierno central y el aragonés sigue adelante, ya que, por otro lado, el TSJM ha rechazado las alegaciones presentadas por el Estado con las que buscaba la inadmisión del recurso judicial interpuesto por el Ejecutivo autonómico. De esta forma, ha elevado la causa a la Audiencia Nacional para su resolución. Además, el Tribunal Constitucional también admitió a trámite los recursos presentados por Aragón, Extremadura y Cantabria contra el reparto, de la misma forma en la que lo hizo semanas antes con la impugnación formulada por la Comunidad de Madrid.

Tras conocer la resolución del TSJM, el PSOE de Aragón considera “lamentable” que “un juez tenga que decirle a Azcón que cumpla la ley”. Por ello, la portavoz adjunta de la formación en las Cortes autonómicas, Leticia Soria, la ha aconsejado “no basar su gestión en arremeter constantemente contra el Gobierno de España” y, en adición, le pide “que deje de ser un antisistema y un insumiso”.

Como defensa, desde el PP aseguran que cumplirán la ley y señalan que “el problema está en ese pacto aberrante firmado con Junts para ejecutar un reparto a la carta a cambio de los 7 votos que permiten a Sánchez seguir en el Palacio de la Moncloa”. Por ello, critican la posición tomada por los socialistas aragoneses al “apoyar un acuerdo racista y xenófobo”, con lo que “vuelven a dejar claro su exclusivo interés en defender al presidente del Gobierno”.