El presidente del Gobierno de Canarias, Adán Martín Menis (de Coalición Canaria), es de los pocos políticos canarios que han visitado a los subsaharianos llegados a las islas. “Cuando les miro a los ojos, me transmiten una infinita tristeza y desconcierto, sin que falte una sonrisa esperanzada por sentirse seguros después de una dura experiencia”. Entrevistarlo es todo un reto. Un día está en Madrid, otro en Bruselas, Miami o Rabat. Esta vez contesta el cuestionario durante su visita oficial a Cabo Verde, pero ni en la distancia.

Pregunta. Desde antes de verano usted declara que Canarias está en “alerta roja”.

Respuesta. Durante la primavera había anunciado que estábamos en “alerta naranja” para llamar la atención de las autoridades españolas y europeas sobre el agravamiento del drama humanitario que representa la inmigración clandestina por medio de cayucos.

P. Si los inmigrantes llegan al puerto, son atendidos por la Cruz Roja, los llevan a comisaría, al juzgado, a un campamento donde están aislados y los embarcan en aviones a la Península, ¿en qué afecta este fenómeno a la vida de las islas y a su Gobierno?

R. La vida ciudadana en Canarias no se ha alterado. En lo que respecta a la Administración pública, hay que tener en cuenta que todos los menores se quedan en Canarias. Y todos los inmigrantes que necesitan cualquier asistencia médica son atendidos por el Servicio Canario de Salud, ante las carencias de la Sanidad Exterior del Estado. Pero esa misma reciprocidad la requerimos con los menores, donde hasta ahora el Estado viene inhibiéndose, protegiéndose con cuestiones competenciales.

P. ¿Este fenómeno afecta a la imagen turística de las islas?

R. No hay constancia efectiva de ello. En el verano la afluencia ha experimentado la misma evolución positiva que otros destinos turísticos. A medio y largo plazo es difícilmente predecible.

P. ¿Cuántos menores extranjeros tutela su Gobierno?

R. Hoy tenemos 626 menores inmigrantes acogidos. Hasta el año pasado la gran mayoría eran marroquíes, que en buena medida acaban fugándose, porque su edad media era alta, de más de 17 años. Ahora casi todos son subsaharianos, con una edad media de 15 años, y se quedan en los centros.

P. ¿A qué departamentos del Estado y Europa ha propuesto oficialmente que a estos chicos se les aplique la Ley de Extranjería antes que la Ley del Menor?

R. No hemos propuesto que se aplique la Ley de Extranjería en lugar de la Ley del Menor. Estamos demandando cambios en ambas leyes para adaptarlas a la realidad. Ni la Ley de Extranjería contempla el fenómeno de la inmigración masiva en cayucos, ni la del Menor recoge adecuadamente la específica problemática de los menores inmigrantes.

P. ¿Qué le han respondido las organizaciones internacionales de defensa de la infancia a las que pidieron ayuda?

R. La consejera de Empleo y Asuntos Sociales se entrevistó con Unicef. Se les ha pedido que se involucren con los países de origen para que eviten a sus menores las situaciones de alto riesgo. Hemos encontrado buena disposición.

P. ¿Qué mensaje envía a las comunidades autónomas que ya han protestado contra el envío de inmigrantes desde Canarias?

R. Todo el mundo ha de ser consciente de que estos emigrantes llegan a España y a Europa por la puerta de Canarias. Dejarlos confinados en Canarias es imposible e indeseable. Si hemos de ejercer con firmeza nuestro carácter de frontera de Europa, también estamos obligados a ser el Pepito Grillo de África en España y en Europa, para que fragüen las múltiples acciones de cooperación internacional para encauzar este problema. Pero esa cooperación ha de comenzar dentro de España con los niños extranjeros. Si somos capaces de misiones pacificadoras en el exterior, también hemos de serlo de misiones acogedoras en el interior.

P. ¿Cómo las va a convencer de que también asuman la tutela de centenares de menores?

R. Las propuestas que están avaladas por el sentido común terminan por abrirse paso. Pero pocas veces en mi vida he tenido la certeza moral de que nuestra actitud es la correcta cuando trabajamos en los dos sentidos: para frenar y moderar y para integrar también lo más dignamente posible.

P. ¿Y si no aceptan su petición?

R. Esto es un problema de Estado, de todas las comunidades autónomas. Si no lo afronta el Estado con carácter proactivo y no defensivo, ¿para qué está el Estado?

P. Tras entrevistarse con los líderes de Marruecos, Mauritania, Senegal y Cabo Verde, ¿cómo cree que evolucionará este fenómeno?

R. A corto plazo es posible que se reduzca la presión, si el Estado hace con los países subsaharianos el mismo esfuerzo que hizo con Marruecos desde 2005. La preconizada “alianza de civilizaciones” debe empezar en la propia casa. La que se dice la octava potencia del mundo no puede permitirse tal debilidad diplomática en África.