La decisión sobre el futuro de los 4.400 menores inmigrantes no acompañados lleva meses en el aire, y hoy se ha esclarecido el camino que les espera. Al finalizar la reunión de la Comisión Sectorial de Infancia y Adolescencia, el secretario de Estado de Juventud e Infancia, Rubén Pérez, ha anunciado que la capacidad de menores inmigrantes por comunidad autónoma queda establecida en 32 por cada 100.000 habitantes. Ese es el número de plazas que deben garantizar para la recepción de menores y, según las cifras del ministerio, ahora mismo todas las comunidades, menos Canarias y Baleares, acogerían menos de los que podrían llegar a corresponderles, los citados 32 por cada 100.000 migrantes.

Desde la aprobación del Real Decreto, quedaba pendiente que una Conferencia acordase los requisitos para que, ante la declaración de una situación migratoria extraordinaria, se procediese a la derivación de menores entre comunidades autónomas, con el objetivo de proteger el interés superior de la infancia y la adolescencia migrante no acompañada.

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La reunión, celebrada este martes y presidida por el secretario de Estado de Juventud e Infancia, ha contado con la asistencia de los directores generales de todas las comunidades autónomas. El encuentro tenía como objetivo esclarecer finalmente el futuro de estos menores inmigrantes y brindar un número definido que cada comunidad autónoma debe tener capacidad de acoger. El número de recursos ahora existentes estarían lejos de esa cifra. Por ejemplo, en la extrapolación hecha por este diario para la La Rioja, que según las últimas cifras acogía a 13 menores, suponía una acogida de 4 por cada 100.000 habitantes, frente a los 32 que ahora se establecen.

Pérez ha incidido en la importancia de la propuesta, que estaría construida sobre los datos que se han proporcionado. Aunque algunas, como es Aragón, todavía no lo han hecho a la espera de sustanciar los recursos presentados. Respecto a la Comunidad de Madrid, el secretario de Estado ha apuntado que “no las han interpretado bien”. Mirando hacia el futuro, ha afirmado que “se trabajará en identificar qué comunidades están en situación de contingencia migratoria, es decir, con el sistema saturado”.

En lo que se refiere a la capacidad de financiación para llevar a cabo estas medidas, “el Ministerio cuenta con 35 millones de euros para traslados y apoyo a sistemas de protección de los cuales ya se han desbloqueado 22 millones para apoyar a Ceuta y Canarias”. Pérez ha recalcado la urgencia de solucionar esta situación, que sigue dejando dramas como el vivido en El Hierro, tras volcar un cayuco, con 180 tripulantes y al menos siete muertos, “un trágico siniestro que interpela al conjunto de las administraciones públicas”.

Críticas desde el gobierno canario
El viceconsejero de Canarias, Francisco Candil, ha comparecido ante los medios para comentar la situación de emergencia migratoria que sufre su comunidad. “No entiendo como se vuelven a plantear la apertura de debates que entendemos que ya están cerrados”, señaló, mientras reclamaba “algo más de sensibilidad” del resto de comunidades. Su conclusión es rotunda: “Si hubiera una actitud más colaboradora en muchos casos de las comunidades autónomas, seguro que estábamos en una situación bien distinta”. Se da la circunstancia de que el PP forma parte del Gobierno de Canarias y son las comunidades populares las que mayores obstáculos están poniendo ante el reparto.

El 10 de abril de 2025, el Congreso de los Diputados convalidó el Real Decreto-ley, por la vía urgencia, para hacer frente a la situación de los más de 4.000 menores hacinados en el archipiélago canario. Este decreto, pactado entre el PSOE y Junts, concedería a Cataluña y al País Vasco una cifra más baja de menores a acoger. Teniendo en cuenta que se ha establecido capacidad ordinaria de menores inmigrantes por comunidad autónoma en 32 por cada 100.000 habitantes, aún queda por ver el reparto final.

Los diferentes Ejecutivos autonómicos criticaron duramente la norma ya que afirman “vulnera las competencias autonómicas y quiebra los principios de igualdad y solidaridad” entre las regiones. Muy duro fue Jorge Azcón, presidente de Aragón, que desde la red social de X avanzó que “va a utilizar todos los instrumentos legales a su alcance para intentar evitar el atropello que supone dejar en manos de los socios independentistas de Sánchez la política migratoria nacional”.

La polémica sobre la inmigración está marcando la agenda en toda Europa. También forma parte de las estrategias políticas en España. De hecho, este mismo martes, el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, advertía que aquel migrante que no cumpla con las normas “tendrá que irse por donde ha venido”.