Tras la fachada de un piso turístico en Ciutat Vella se escondía una de las mayores redes de abusos sexuales a menores desarticuladas en Catalunya. Allí operaba Teófilo Lapeña, un electricista de 45 años, ahora principal acusado de una trama que captaba a menores tuteladas de entre 12 y 16 años a través de redes sociales y aplicaciones de citas. El acusado presuntamente llegó a violar al menos a 25 menores y permanece en prisión preventiva desde abril del año pasado. La Fiscalía solicita una pena de 107 años de cárcel y le imputa una docena de delitos ocurridos entre 2020 y 2022.

La víctima que denunció y permitió a los Mossos d’Esquadra destapar el caso era una menor de 12 años tutelada por la Generalitat de Catalunya. El modus operandi del pederasta consistía en ganarse la confianza de las menores, muchas de ellas migrantes, mediante redes sociales, para luego violarlas, grabarlas y ofrecerlas a otros hombres.

Este es solo el caso más reciente que ha salido a la luz. Pero no es, ni de lejos, el único. Al menos 1.100 niños y niñas tutelados por las administraciones autonómicas han denunciado abusos sexuales desde 2019, según una investigación de El País. Pero esta cifra podría ser solo la punta del iceberg. Muchos de estos casos se encubren o silencian y la ausencia de datos públicos (por tratarse de menores) dificulta conocer el alcance real del problema, alertan desde la Asociación para la Defensa del Menor (APRODEME). Bajo el sistema que debería protegerlos, cientos de menores han visto vulnerados sus derechos de la forma más cruel.

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La pregunta es inevitable: ¿cómo puede un niño bajo tutela institucional, en manos de quienes deberían protegerlo, acabar en las redes de un pederasta? ¿Cómo es posible que el sistema falle de una manera tan grave?

“Las menores tuteladas son carne de cañón de ser captadas por las mafias de la prostitución, con el agravante además de que hay centros donde las niñas están desapareciendo y nadie hace nada”, denuncia Lorena Morales, diputada socialista de la Asamblea de Madrid.

Tan solo en el centro de Casa de Campo han desaparecido 100 niños desde 2019. Solo en el último año se esfumaron 21. Todos eran migrantes. Ninguno ha sido localizado.

“No son ausencias voluntarias, son desapariciones”, denuncia Morales. “Salieron un día del centro y nunca más volvieron. La Comunidad de Madrid simplemente pone la denuncia de la desaparición y ya está, pero no pone en marcha un protocolo. Qué sabemos si están en una cuneta, muertos o prostituidos”, subraya.

Este medio se ha puesto en contacto con la Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid, pero no ha obtenido respuesta.

“Salieron un día del centro y nunca más volvieron. Qué sabemos si están en una cuneta, muertos o prostituidos”, denuncia Morales

En el centro de Picón de Jarama desaparecieron 15 menores el año pasado. “Hay que recordar que hace dos años la Operación Sana, que prostituía a menores tuteladas, captó a muchas adolescentes de ese centro”, apunta la socialista.

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En 2022, se destapó una red de prostitución de menores tuteladas de este centro donde los acusados las introducían deliberadamente en el consumo de drogas hasta volverlas adictas, para después extorsionarlas y violarlas a cambio de su dosis diaria de crack.

Muchos de estos menores no tienen una familia que los respalde, por ello están en un centro de protección. “Provienen de entornos desestructurados, arrastran carencias emocionales profundas y, en muchos casos, no hay nadie vigilando realmente por su bienestar. Eso las convierte en presas fáciles para quienes buscan explotarlas. Si yo fuera un proxeneta, esas niñas serían mi objetivo. Son las más vulnerables”, denuncia Morales.

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Los abusos no son hechos aislados. Tal y como desveló Público, en octubre de 2024 un grupo de trabajadores del centro de menores Casa de Campo envió una carta a la Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid en la que denunciaron “abusos sexuales” a menores residentes en el centro a manos de empleados.

Los denunciantes aseguraban que la empresa que gestionaba el centro en ese entonces, la Fundación Antonio Moreno, se preocupaba más “por ocultar los abusos que por darles una respuesta adecuada”. Además, denuncian que no se puso en marcha ningún protocolo de actuación ni se les proporcionó atención psicológica hasta que uno de los menores intentó suicidarse.

En otros puntos del estado se repiten pesadillas similares. En 2019, la violación grupal a una niña de 13 años en Mallorca destapó una red de explotación sexual de menores tuteladas. Las 16 víctimas eran sometidas por sus proxenetas, que eran otros menores del mismo centro, a realizar prácticas sexuales a cambio de pequeñas cantidades de dinero o droga.

Necesidad de profesionales especializados
“Está fallando la protección a la infancia de manera grave y flagrante”, denuncia un educador social relacionado con un centro tutelado que ha preferido mantener el anonimato. Una de las propuestas clave que pone sobre la mesa es modificar la Ley de Empleo Público para que los puestos de educadores en centros de protección infantil se reserven exclusivamente a educadores sociales titulados. Actualmente, cualquier persona con un grado universitario puede ser contratada como educador social, lo que deja a muchos menores al cuidado de profesionales sin la formación específica ni el respaldo necesario.

“Es imprescindible alguien que sepa tratar y prevenir los casos de abuso sexual, que sepan detectar cuando algo no va bien o puedan poner en marcha los protocolos necesarios tras darse una situación de abuso sexual”, denuncia.

Además de establecer la colegiación obligatoria, como ocurre con médicos o psicólogos. “Ahora mismo, un educador o educadora que comete un abuso puede ser despedido, pero nada impide que vuelva a trabajar en otro centro”, advierte. “Si existiera un colegio profesional con capacidad sancionadora, podría inhabilitar a esa persona para ejercer. Es una medida clave para proteger a los menores y evitar que estos casos se repitan”, señala.

El PSOE de la Comunidad de Madrid también apunta a la necesidad de personal especializado en violencia sexual, tanto para la detección como para la atención. “Estos menores, especialmente las niñas, son extremadamente vulnerables, por lo que es fundamental prevenir y actuar ante posibles abusos, tanto dentro como fuera de los centros”, apuntan.

Debilidades del sistema de acogida
El sistema de acogida en España, que es competencia de las comunidades autónomas, arrastra numerosas debilidades, marcadas, entre otras cosas, por una profunda disparidad entre autonomías.

De cara a tratar de reforzar los centros con peores condiciones el Ministerio de Juventud e Infancia ultima un Real Decreto que refuerza los derechos de la infancia y del personal en centros residenciales. “La norma, que lleva en preparación, fijará estándares mínimos de calidad en estructura, condiciones y derechos de los niños, niñas y adolescentes que están en el sistema. Asimismo, se ampliará la gestión, inspección y se mejorarán las condiciones laborales. El RD también garantizará formación continua del personal en igualdad y prevención de violencias y personal especializado en detección y tratamiento de situaciones de revictimización”, apuntan desde el Ministerio que dirige Sira Rego.

Las deficiencias más graves suelen concentrarse en los macrocentros, donde la masificación impide ofrecer una atención cercana y personalizada. A ello se suma la alta rotación del personal educativo: los educadores sociales son trasladados con frecuencia de un centro a otro, lo que impide establecer vínculos de confianza con los menores. Esta inestabilidad dificulta que los niños y niñas puedan expresar sus miedos o alertar sobre posibles situaciones de abuso, según denuncia un educador social.

Además, recordar que en España existen dos modalidades principales de acogimiento para menores tutelados por la administración: el familiar y el residencial, que incluye centros y pisos tutelados. La Ley de Protección a la Infancia se reformó en 2015 para establecer que el acogimiento familiar debía ser la opción prioritaria. Sin embargo, según denuncia la Asociación para la Defensa del Menor (APRODEME), en la práctica, casi la mitad de los menores siguen siendo enviados directamente a centros tutelados.

“Ese menor pasa a un centro, cuando en teoría debería ser la última alternativa”, explican desde la Asociación para la Defensa del Menor (APRODEME). “Cuando un niño no puede quedarse con su familia, primero debe valorarse la familia extensa, como tíos o abuelos; si no es posible, una familia de acogida. Solo en último término, un centro. La separación siempre es traumática y deja secuelas psicológicas. Por eso debe ser el último recurso”, insisten desde la asociación.