El Gobierno de Canarias ha exigido este miércoles al ejecutivo central que aplique el decreto ley para el reparto de los menores migrantes, en vigor desde el 18 de marzo, y que obligue a las comunidades autónomas a su cumplimiento, así como que el Estado asuma los 1.200 menores solicitantes de asilo político.

En el Consejo de Gobierno de este miércoles, se ha autorizado a los servicios jurídicos para que respalden al Estado en la defensa de la aplicación de ese decreto, ante los recursos presentados por las comunidades de Madrid y de Aragón, que en ningún caso son suspensivos, o ante la negativa de esta comunidad a facilitar información, como exige la ley.

Esta personación obedece a que la Comunidad Autónoma de Canarias se siente perjudicada por las actuaciones contra el decreto, porque afectan a sus competencias, ha explicado el portavoz del Gobierno regional, Alfonso Cabello, quien ha insistido en que el archipiélago está en situación “desesperada y excepcional” al tener que hacerse cargo en solitario de 5.600 menores.