El Tribunal Supremo de Estados Unidos ha autorizado este lunes que el Gobierno de Donald Trump retire el Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) a unos 350.000 venezolanos que viven en el país, revocando así una medida adoptada bajo el mandato de su predecesor, Joe Biden. Esta decisión forma parte del endurecimiento de la política migratoria del presidente republicano, que busca aumentar las deportaciones.

El alto tribunal accedió a la solicitud del Departamento de Justicia de levantar una orden del juez federal Edward Chen, con sede en San Francisco, que había frenado la decisión de la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, de poner fin a la protección otorgada a los venezolanos bajo el programa TPS. La orden judicial respondía a una demanda presentada por beneficiarios del TPS y por el grupo de defensa Alianza Nacional del TPS, quienes argumentaban que Venezuela sigue siendo un país peligroso para retornar.

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Trump, quien volvió a la presidencia en enero, ha prometido deportar a un número récord de migrantes en situación irregular y ha comenzado a retirar protecciones legales temporales a ciertos grupos, ampliando así el número de personas susceptibles de ser deportadas.

El TPS es una figura humanitaria del sistema legal estadounidense que ofrece protección contra la deportación y permisos de trabajo a ciudadanos de países afectados por guerras, desastres naturales u otras crisis. Esta designación puede renovarse a discreción del Departamento de Seguridad Nacional.

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Durante su mandato, Biden concedió TPS a los venezolanos en 2021 y 2023. Justo días antes de dejar el cargo en enero, su Administración extendió el programa hasta 2026. Sin embargo, Noem, designada por Trump, revocó esa extensión y decidió poner fin al TPS para un grupo de venezolanos acogidos a la designación de 2023. Según el Departamento de Seguridad Nacional, unos 348.202 venezolanos estaban registrados bajo ese amparo.

El juez Chen dictaminó que Noem violó una ley federal que regula la actuación de las agencias gubernamentales. Además, señaló que la revocación del TPS parecía basarse en “estereotipos negativos”, insinuando que los migrantes venezolanos eran criminales. “Generalizar la criminalidad entre la población venezolana con TPS carece de fundamento y huele a racismo basado en estereotipos falsos”, escribió el juez, añadiendo que los beneficiarios venezolanos tenían más probabilidades de tener títulos universitarios que los ciudadanos estadounidenses y menos probabilidades de cometer delitos.

El pasado 18 de abril, el Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito, con sede en San Francisco, rechazó la solicitud del Gobierno de suspender la orden del juez Chen. En su escrito al Supremo, los abogados del Departamento de Justicia afirmaron que Chen había “arrebatado el control de la política migratoria nacional” al poder Ejecutivo, liderado por Trump. “La orden del tribunal contradice las prerrogativas fundamentales del Ejecutivo y retrasa indefinidamente decisiones políticas sensibles en un ámbito que el Congreso ha reconocido como flexible, acelerado y discrecional”, argumentaron.

Por su parte, los demandantes advirtieron al Supremo que aceptar la solicitud del Gobierno dejaría a casi 350.000 personas sin autorización para trabajar, expuestas a ser deportadas a un país inseguro y causaría pérdidas económicas por miles de millones de dólares en todo el país.

Actualmente, el Departamento de Estado de EEUU desaconseja viajar a Venezuela “debido al alto riesgo de detenciones arbitrarias, terrorismo, secuestros, aplicación arbitraria de las leyes locales, delincuencia, disturbios civiles y deficiencias en el sistema sanitario”.

En abril, la Administración Trump también canceló el TPS para miles de afganos y cameruneses en suelo estadounidense, aunque esas decisiones no forman parte del caso actual.