El cambio de paso del Gobierno con respecto a una regularización extraordinaria de migrantes sorprendió a propios y extraños. A mediados de la semana pasada, el Ejecutivo se abrió a negociarla, tras meses y meses de bloqueo; a principios de la presente compartió una propuesta con varios grupos parlamentarios del Congreso; y ahora las negociaciones se centran ya en los “requisitos” de esa regularización. Fuentes socialistas deslizan a Público, incluso, que esperan que la semana que viene pueda convocarse a la Ponencia de la Comisión de Migraciones.

A pesar de la desconfianza de algunos de sus aliados, desde el PSOE insisten en que pondrán todo de su parte para que la regularización salga hacia adelante. “No hay que perder de vista que si no sale no será por el PSOE, sino por las derechas”, remarca una voz autorizada de los socialistas en este asunto. Además, coincide con fuentes de Sumar al concretar que a partir de ahora lo que va a centrar todos los diálogos son los “requisitos” que condicionarán la regularización, que parte de una iniciativa legislativa popular (ILP).

Es un cambio de rasante monumental teniendo en cuenta que la regularización lleva meses guardada en un cajón. Esos requisitos son, en otras palabras, las condiciones que tendrán que cumplir las personas migrantes solicitantes de la regularización y, por lo tanto, lo que decidirá cuál es el alcance de la misma: cuánta gente podrá beneficiarse de ella y normalizar su situación.

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Entre el lunes y el martes de esta semana, distintos grupos parlamentarios recibieron una propuesta del Gobierno para acelerar los trámites de la iniciativa. Lo que propone Moncloa es modificar la disposición adicional primera de la ley sobre derechos y libertades de los extranjeros en España para que se pueda obtener “una nueva autorización por circunstancias excepcionales única, que habilita a residir y trabajar en todo el territorio nacional, para aquellas personas extranjeras que se encuentran en España antes del 31 de diciembre de 2024”. Y añade, además, que esas personas deberán cumplir una serie de requisitos, pero no especifica cuáles.

Ese es el terreno de negociación: que la regularización abarque hasta finales de 2024 y que se rija por una serie de condiciones que no están por el momento decididas. Fuentes parlamentarias explican que hay algunas cuestiones que ya están encima de la mesa como, por ejemplo, el tiempo de estancia en España que tienen que demostrar los solicitantes de la regularización o que estén libres de antecedentes penales.

La máxima que transmite a Público una fuente del entorno de Sumar es la misma que subrayan las entidades promotoras: “Que la regularización sea lo más amplia posible”. No obstante, son conscientes de que tienen que arrastrar al PSOE a esa posición y, sobre todo, que necesitan el voto o bien del Partido Popular o del tándem Junts per Catalunya-PNV para que salga adelante. Con lo cual, todas las fuentes consultadas son conscientes de que tendrán que ceder en algun grado.

Pero el cambio de tercio en las negociaciones es innegable. En pocos días, la regularización ha pasado de estar bloqueada y condenada al fracaso a que cunda la sensación en el Congreso de que va a salir adelante. Lo que ha reanimado la iniciativa es la voluntad del Gobierno de enmendar algunos errores en la reforma del Reglamento de Extranjería que han enfadado mucho a las asociaciones de apoyo al colectivo migrante porque complican el acceso a la normalización de su situación a varios sectores de dicho colectivo. En este punto, el Ejecutivo ha visto en la regularización extraordinaria una herramienta para cubrir esos huecos. Las asociaciones hablan de cientos de miles de personas que tendrán más difícil regularizar su situación desde la entrada en vigor, este 20 de mayo, de la reforma.

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Además, un diputado socialista asegura a este medio que el PSOE tiene muy en cuenta el esfuerzo realizado por los promotores de la ILP, que reunieron más de 600.000 firmas oficiales, y que también ese trabajo incansable es para ellos un motor para impulsar la regularización extraordinaria.

“Oportunidad”, pero con escepticismo
Fuentes de Esquerra Republicana conocedoras y participantes del proceso negociador de la regularización reconocen que el cambio de actitud del Gobierno —responda a las necesidades que responda— es una “oportunidad”. “Eso es evidente”, insisten. En todo caso, hay un cierto grado de escepticismo. En ERC, en cualquier caso, subrayan en que cualquier acuerdo no será definitivo hasta que lo aprueben también las entidades promotoras de la ILP. “Nosotros lo pondremos en sus manos y no apretaremos un botón hasta que no den el visto bueno”.

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En Podemos han recibido de una forma muy distinta el nuevo ímpetu del PSOE y deslizan que se trata más bien de una escenificación. La secretaria general de los morados, Ione Belarra, dijo en rueda de prensa que si el Gobierno quisiera llevar a cabo realmente una regularización podría hacerlo directamente por la vía de un decreto sin pasar por el Congreso. Podemos difiere del resto de fuentes consultadas, incluso de entre las entidades promotoras, que ahora sí ven probabilidades reales de que la regularización culmine con éxito.

En cualquier caso, de acuerdo con lo transmitido por parte de fuentes socialistas, la semana que viene habrá otro empujón. El PSOE quiere que lo que hasta ahora son negociaciones parciales se formalicen. En el centro de la mesa, qué requisitos son finalmente los que el Gobierno incorporará en la eventual regularización final. Es lo que determinará a cuánta gente alcanza y cuánto se acerca a las 500.000 personas migrantes que pedía inicialmente la ILP.