CATALUÑA
Junts quiere usar las competencias de inmigración para prohibir el burka en los espacios públicos y el velo islámico en las escuelas
Los de Puigdemont han decidido fijar su posicionamiento forzados por Aliança Catalana que este jueves forzará un debate sobre la cuestión en el Parlament
El Mundo, , 22-05-2025Junts quiere valerse de las competencias de inmigración para regular el uso del velo islámico en los colegios y espacios públicos de Cataluña mediante una ley aprobada en el Parlament en un futuro indefinido.
La formación neoconvergente no ha querido esperar a que la delegación competencial acordada con el PSOE sea aprobada por el Congreso algo que Podemos asegura que impedirá y ha decidido definir ya su postura respecto al uso del velo.
Tras debatirlo en la ejecutiva que el partido celebró el lunes, fuentes de la formación presidida por Carles Puigdemont anuncian que pretenden legislar para prohibir el uso del burka y el niqab en el espacio público de Cataluña y del velo (hiyab) en cualquier equipamiento destinado a la formación de menores, esto es, escuelas, recintos deportivos o academias de idiomas para “evitar la discriminación de género”. Asimismo, tampoco quiere seguir permitiendo el uso del burkini en piscinas o playas.
Que el posicionamiento de Junts llegue en este momento no es casual. Responde a que este jueves se debate en el Parlament una proposición de Aliança Catalana que insta al Govern de la Generalitat a prohibir el uso del velo islámico en todas sus variantes al considerarlo “incompatible con los valores occidentales”
Junts avisa de que votará en contra de la moción, no por oponerse a regular el uso del velo, como es obvio, si no porque pretende afrontar este debate cuando Cataluña tenga delegadas las competencias migratorias. Por ese motivo y porque la resolución de la formación de sesgo xenófobo liderada por Sílvia Orriols incluye afirmaciones que los herederos de Convergència no asumen. “Hay 660.000 personas musulmanas en Cataluña. […] Esta elevada concentración de partidarios del islam pone en riesgo la convivencia y dota de fuerza demográfica a una ideología política que choca frontalmente con los valores de nuestra tierra”, dice el texto promovido por la extrema derecha independentista.
Cabe recordar que, según el Centro de Estudios de Opinión de la Generalitat (CEO), Aliança crecería de los dos a los diez parlamentarios de celebrarse ahora unas nuevas autonómicas catalanas y que, en paralelo, Junts descendería de los 35 a los 29 escaños; con lo que el pulso entre ambas formaciones es palpable y se traduce en movimientos como el que hoy se ha producido en las filas neoconvergentes.
El sondeo acredita que ya existe un trasvase fluido de votantes entre los dos partidos independentistas, a los que el ciudadano sitúa en la derecha nacionalista. Señala el CIS catalán que hasta el 9% de los electores de Junts respaldaría a Aliança en unos eventuales comicios al Parlament. Tomando como referencia el resultado de los neoconvergentes en las elecciones del pasado 12 de mayo, hasta 60.700 de los 674.896 votantes que respaldaron a la formación heredera de Convergència se decantarían ahora por la marca separatista de nuevo cuño que abandera Orriols, a pesar de que el 74% mantendría su voto.
Recién pactada la delegación de competencias migratorias con el PSOE el pasado marzo, Junts también advirtió que quería emplear su autonomía en la gestión de los flujos migratorios para imponer como condición para obtener el permiso de residencia el conocimiento del catalán, algo que el propio Gobierno niega que sea posible.
Sin embargo, Junts cree haber dado con la vía para poder imponer una prueba de “integración” a los extranjeros que lleguen a Cataluña en la que el conocimiento de la lengua catalana sea un “requisito” obligatorio para lograr los papeles, una vez el Estado delegue a la Generalitat las competencias migratorias.
La formación presidida por Puigdemont considera que sus pretensiones quedan blindadas por una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) del pasado 4 de febrero que avala que los Países Bajos obliguen a los inmigrantes que lleguen a su territorio a superar un “examen de integración” que incluye cuestiones lingüísticas. El fallo sostiene que las pruebas de “integración cívicas” son “conformes” a la Directiva europea 2011/95, que regula “el acceso a instrumentos de integración”.
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