En diciembre de 2024 arrancaron las obras para convertir la clínica Arana de Vitoria – abandonada desde hace más de una década – en un macrocentro con … capacidad para 350 refugiados. Un proyecto impulsado por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, que cuenta con el rechazo del PNV desde que en 2023 trascendieron los primeros planes del Gobierno central. Pero ayer, y a raíz de que la delegada del Gobierno en Euskadi, Marisol Garmendia, asegurase que se ejecutará y «no tiene vuelta atrás», los jeltzales elevaron el tono hasta el punto de que el diputado general de Álava, Ramiro González, exigió la «paralización» de su construcción por ser un centro «insostenible, inadecuado y sobredimensionado».

«No podrá prestar la atención que necesitan 350 personas y que queremos prestar en Euskadi», denunció el dirigente alavés visiblemente molesto con la actitud de Garmendia. «La decisión de abrir este macrocentro ha sido unilateral y tomada desde una falta de consenso. Sólo lo defiende el Gobierno español, que presume de diálogo», criticó ahondando en el cruce de reproches entre el PNV y el PSE.

González reclamó iniciar un «debate sosegado» para afrontar la política migratoria, ya que el Ejecutivo de Pedro Sánchez «todavía está a tiempo de rectificar». «Su soledad no se soluciona desde el exabrupto y la falta de respeto, sino desde el diálogo sereno, que pasa por paralizar la construcción del centro y hablar con las instituciones vascas sobre el modelo adecuado para atender a las personas refugiadas en Euskadi. Lo mejor sería que no se pusiera en marcha», reclamó el mandatario del PNV, partido que gobierna la mayoría de instituciones vascas con el PSE y que es socio indispensable para mantener a Pedro Sánchez en La Moncloa.

Una reclamación que, tras escuchar a la ministra Elma Saiz en la sesión de control del Senado, tiene pocos visos de cumplirse. A preguntas de la senadora jeltzale Estefanía Beltrán de Heredia, la titular de Migraciones mantuvo que la rehabilitación del edificio de Vitoria «está en avanzada fase de ejecución» y que «en 2026 se prevé que terminen las obras para poder dar una mejor atención a las personas que han huido de sus países perseguidos por motivo de raza, religión o tener determinadas opiniones políticas».

«Usted se comprometió a conformar una mesa de trabajo con las administraciones vascas que nunca ha puesto en marcha, y decidió cambiar diálogo y colaboración por imposición», criticó Beltrán de Heredia. La ministra se escudó en un acuerdo con la Agencia de Asilo de la UE para garantizar que el servicio que se brinde cumplirá «con los mejores estándares internacionales» para atender a «personas altamente vulnerables».