Sobre el voto de los inmigrantes

La Verdad, 03-09-2006

Se presentó una proposición no de ley en el Congreso de los Diputados respecto al voto de los inmigrantes legales para el 2007. Los diferentes grupos políticos aceptaron como criterio la residencia efectiva en el país y la contribución al pago de los impuestos para argumentar que quien paga impuestos tiene derecho a decidir.

A mi modo de ver, esta proposición lleva aparejada unas reflexiones no exentas de polémica: el PP, con buen criterio, apuntó que además debiera condicionarse al acuerdo de reciprocidad del derecho al voto de los españoles en los diferentes países de procedencia. Parece obvio que es indispensable determinar el tiempo de residencia efectiva que debiera exigirse a los extranjeros: ¿tres años, dos, seis meses?

Si, como se deduce, el pilar básico de la proposición es tributar igual a votar, tengamos cuidado con esta vinculación, pues existen españoles e inmigrantes que se benefician de las prestaciones sociales, sanitarias y de educación y no pagan impuestos porque su nivel de renta está exento de tributación. Concluimos por ello que: ¿No deberían votar?

Está claro que el proyecto debe madurarse impulsando políticas de integración más eficaces. El objetivo es, en definitiva, la integración política en la sociedad receptora que sólo se alcanzará con la integración multicultural que implica el respeto bidireccional. El ejemplo europeo demuestra que no se consiguió (recuérdense los incidentes europeos de hace unos meses). Debiera ser secundario considerar la tendencia de voto de los inmigrantes y eliminarse de la decisión normativa que nos ocupa, porque el efecto puede ser inesperado (el ejemplo europeo tampoco está lejos).

En mi opinión, en esta regulación deben evitarse las precipitaciones. Los pasos deben ser meditados y coordinados, porque las buenas intenciones y las declaraciones políticamente correctas para incluir a los inmigrantes legales en condiciones de igualdad en la vida política española no nos pueden alejar de la necesidad de una normativa adecuada respecto a la gestión de los flujos migratorios ilegales que asolan nuestras fronteras.

Empecemos por el principio, no perdamos la perspectiva, no sea que la lucha por la protección de las libertades y derechos de estas personas en el centro del país nos hagan perder la batalla en nuestras fronteras.

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