Es la historia de nunca acabar. Aunque el Ayuntamiento tiene conocimiento de la situación desde hace más de un año – en agosto de 2005 La Verdad ya se hizo eco del mal estado del edificio y de las condiciones de insalubridad en que viven los inquilinos – no ha actuado durante los últimos 12 meses. El tema ocupa y preocupa a más de una concejalía, concretamente a las de Urbanismo, Sanidad y Servicios Sociales, pero pese a varias reuniones no han podido iniciar las actuaciones.

La primera intención del Consistorio fue proceder al desalojo del inmueble habida cuenta de la peligrosidad del edificio y, sobre todo de los cobertizos añadidos, así como las malas condiciones higiénicas del mismo. Para ello, se dirigieron al juez con el fin de obtener el preceptivo permiso para el desalojo. Pero el magistrado les respondió que el Ayuntamiento debía comunicar individualmente a cada inquilino que se iba a proceder al deshucio. «Esto es imposible – confirman los ediles de Urbanismo y Sanidad, Fernando Berberena y Fulgencio Cervantes – , porque la mayoría de los moradores son inmigrantes que viven allí durante períodos cortos de tiempo, por lo que cuando le vas a notificar algo ya no vive allí, y el chamizo ya está ocupado por otro inmigrante».

Desde Urbanismo se llevó a cabo la correspondiente inspección por si el inmueble era susceptible de la declaración de ruina inminente, pero aunque está deteriorado no llega al estado de ruinoso.

Finalmente, según confirmó a La Verdad Fernando Berberena, Urbanismo ha abierto expediente sancionador al titular, Antonio Valero Cánovas, para que proceda a la demolición de los cobertizos construidos ilegalmente y sin licencia. La comunicación se le ha hecho durante el mes de agosto y tiene el plazo de un mes para iniciar las obras de demolición. Junto a los informes de los técnicos de Urbanismo, por la situación de abandono del edificio, figuran los de la Concejalía de Sanidad, que corroboran que el lugar no cumple las mínimas condiciones de habitabilidad y salubridad.

Además, Urbanismo ha dado traslado de la situación a la Delegación de Hacienda para que compruebe la actividad de alquiler que se está llevando a cabo.

«Si el dueño no procede a demoler los cobertizos, lo haremos nosotros y le cargaremos los costes», explica Berberena.