El problema de los sintecho que duermen en Barajas puede llegar a su fin. Este miércoles por la noche Aena, dependiente del Ministerio de Transportes, ha tomado la decisión de cerrar las instalaciones por la noche. En concreto, anunció en un comunicado que va «intensificar los controles de acceso existentes en franjas horarias de baja intensidad de vuelos» con el fin de contribuir a que la situación «no empeore». Esto se traduce en que, en las citadas franjas horarias, sólo accederán a las terminales del aeropuerto los pasajeros con tarjeta de embarque, sus acompañantes tanto de salida como de llegada, y los trabajadores de Barajas. Es decir, que no podrán pasar a dormir los sin hogar que acudan a esas horas al aeropuerto.

Esta decisión, tomada a última hora de ayer miércoles, se precipitó después de que este diario conociera la propuesta de la Dirección de Seguridad y el Comité de Seguridad Local del aeropuerto integrado por Policía Nacional y Local, Guardia Civil y los responsables de seguridad de Aena donde se planteaba restringir el acceso al espacio alegando motivos operativos y de seguridad.

La proposición, que fue elevada al Consejo de Dirección de Aena, contempla restringir el acceso a todas las terminales de Barajas entre las 23.00 y las 06.00 horas a todas aquellas personas que no cuenten con un billete de avión. Sin embargo, esta limitación podría generar situaciones comprometidas para quienes, sin ser pasajeros, se encuentran en las instalaciones acompañando a familiares o amigos antes de embarcar.

Desde el sindicato UGT, su responsable del sector de Seguridad y Servicios, Ángel García Marco, también admite sentir preocupación ante la situación que se vive en Barajas y plantea la posibilidad de utilizar el hospital Isabel Zendal como alternativa para ciertos casos que requieran presencia o resguardo nocturno. “¿Por qué no los derivan al Zendal, que está ahí al lado? Nos vendieron que una de las ventajas del hospital era precisamente su proximidad al aeropuerto. Y, desde luego, no está saturado. No entendemos cómo no se ha contemplado esta opción desde el ámbito político”, cuestiona García.

Asimismo, desde UGT denuncian que algunas de las cerca de 500 personas sin hogar que duermen en el aeropuerto generan un clima creciente de tensión, señalando que “agentes de Policía y los servicios de seguridad privada han requisado cuchillos, machetes y armas blancas fabricadas artesanalmente, lo que evidencia el alto grado de riesgo presente”. “Esta realidad afecta no sólo a quienes viven en estas condiciones, denominados por las autoridades como ONA (Ocupantes no autorizados), sino también a quienes trabajan o transitan por el aeropuerto”, exponen.

Además, el sindicato lamenta que los «trabajadores y trabajadoras vigilantes, personal de limpieza, mantenimiento, comercios y atención al cliente están expuestos a situaciones de peligro en un entorno que no ha sido diseñado ni preparado para este tipo de problemática». Y aprovechan para reprochar la inacción de las administraciones ya que no han ofrecido «una solución efectiva desde Aena, la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Madrid, cuyo alcalde ha calificado a estas personas como «refugiados políticos».

El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones alegó ayer que no les consta que existan en este espacio solicitantes de Protección Internacional. Ante ello, UGT exige una respuesta urgente, coordinada y efectiva que garantice tanto la seguridad laboral y ciudadana como una atención digna al colectivo afectado, sin descartar interponen las denuncias oportunas ante el Ministerio de Trabajo por la situación de riesgo a las que están expuestos los empleados.

Entre el cruce de reproches políticos y el reparto de responsabilidades entre administraciones, la gestión del aumento de personas sin hogar en el aeropuerto ha quedado diluida en una maraña competencial que involucra al menos a cinco ministerios: Interior e Inclusión encargados de los solicitantes de asilo y personas en situación administrativa irregular, Derechos Sociales, Transportes y Sanidad.

Fuentes del Área de Políticas Sociales del Ayuntamiento de Madrid recuerdan que, poco antes de las elecciones de 2023, el Gobierno central aprobó una Estrategia Nacional de Atención al Sinhogarismo dotada con 300 millones de euros. En ese documento, se establece por escrito que la primera administración competente en esta materia es la Administración General del Estado.

“Es que tienen el problema en su casa y quieren echárselo al Ayuntamiento”, denuncian desde el consistorio: “En Canarias, cuando llegan los migrantes, no se espera que solo se ocupen de ellos el Consistorio insular. Es una responsabilidad compartida. Pero aquí, según el Gobierno, todo el sinhogarismo que se concentra en Madrid lo tiene que gestionar el Ayuntamiento de Madrid”.