El Gobierno de España, a propuesta del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, ha acordado la interposición ante el Tribunal Constitucional de un conflicto positivo de competencia en relación con la negativa de Aragón a colaborar en el proceso de reparto de menores migrantes.

Con ello, el Ejecutivo central da un paso más en su batalla particular contra una de las autonomías que mayor rebeldía han mostrado desde la aprobación del Real Decreto, ya que considera que Aragón no ha cumplido “las exigencias del deber de colaboración” marcadas por la norma.

Se trata de la única región que ha decidido no suministrar el número de menores que tiene en acogida para, de esta forma, evitar colaborar con una norma que, a juicio de la consejera del ramo, Carmen Susín, “impone una reubicación forzosa de menores en situación de extrema vulnerabilidad” y “desprecia e ignora el modelo de gestión de contingencias migratorias vigente hasta el momento y el plan de respuesta que fue aprobado en la Conferencia Sectorial de 2022”.

Por este hecho, el Ejecutivo solicita al Alto Tribunal que suspenda la decisión tomada por Ejecutivo de Jorge Azcón y que “le inste a dar inmediato cumplimiento a las obligaciones legales que le incumben”.

Además, en el acuerdo se citan las declaraciones que la propia Susín hizo ante los medios para manifestar la negativa a colaborar, así como las que el presidente autonómico pronunció para dar apoyo a esa determinación y al recurso que la región, por su parte, presentó ante el Constitucional. A este respecto, el Gobierno de España recuerda que “la impugnación del Real Decreto no determina de modo automático la suspensión de su vigencia”, ya que esta debe ser “aprobada o denegada” por el mencionado Tribunal.

Tras conocer la noticia, la vicepresidenta de Aragón, Mar Vaquero, ha defendido la actuación de su Ejecutivo porque “creemos que el Gobierno de España está incumpliendo la ley y conculcando el principio de igualdad respecto a los criterios del reparto de menores no acompañados”. En su denuncia, también ha criticado la cesión de responsabilidades en la toma de decisiones a Carles Puigdemont en este apartado, algo que “desde Aragón no vamos a permitir, por lo que vamos a defendernos a través de todos los recursos jurídicos que creamos oportunos”.

El Gobierno ha apurado hasta el último Consejo de Ministros disponible para ejercer este recurso, ya que el plazo para acudir al Constitucional expiraba el próximo lunes. Un gesto de espera a la cordialidad que se suma a la habilitación de un plazo de 10 días desde la pasada Conferencia Sectorial para la aportación o corrección de los datos en liza y que, sin embargo, contrasta con lo mostrado en aquella cita, donde se evidenciaron las diferencias entre instituciones y el Ministerio de Juventud e Infancia impidió el voto sobre los criterios.