La vicepresidenta primera del Gobierno anunció ayer que el Ejecutivo ya ha iniciado los contactos con los países que constituyen junto con España la frontera sur de la Unión Europea para celebrar una reunión en Madrid este mes sobre la inmigración ilegal. El PSOE ha propuesto al PP un pacto de Estado para abordar esta problemática. España actuará de anfitriona en la cumbre sobre inmigración anunciada ayer por la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, entre los ocho países que conforman la frontera sur de la Unión Europea. La número dos del Ejecutivo anunció ayer que ya ha comenzado todos los contactos para que el encuentro pueda celebrarse este mismo mes en Madrid.


Su intención es hacer frente común con los Estados que sufren una mayor presión migratoria para concienciar a los 25 de la necesidad de una actuación conjunta. De la reunión debe salir una propuesta de gestión de las fronteras marítimas que se someterá a debate en la cumbre de líderes prevista para diciembre.


“Es evidente –apuntó la vicepresidenta– que algunos países de la Unión no perciben la situación de la manera apremiante en que es vivida en España, pero cuando llega un cayuco a Canarias, llega al mismo territorio en el que están Helsinki, Londres o París”. El Ejecutivo español pretende que bajo este espíritu trabajen los ministros de Defensa e Interior de Francia, Italia, Portugal, Grecia, Chipre, Malta y Eslovenia para analizar juntos medidas de control de costas, rescate, identificación, documentación, retorno y repatriación de inmigrantes, y para persuadir, después, al resto de los socios europeos de que hacen falta “más coordinación, más agilidad y más medios” en esta materia.


Fernández de la Vega insistió en que aún no existe una política común de inmigración y aseguró que ya tiene el compromiso de la Comisión Europea para que el asunto se aborde en “todas las próximas reuniones”. “El problema – apuntó – es que no hay precedentes que permitan establecer un protocolo en la gestión y hay que adquirir rápido la experiencia”.


De momento, la única actuación efectiva de la UE ha sido el dispositivo puesto en marcha en la fachada atlántica de África por la Agencia de control de Fronteras (Frontex). Y, según reconoció ante la vicepresidenta el número dos del Ejecutivo comunitario, Franco Frattini, se ha hecho con “lentitud” y escasos medios.


En el ámbito interno, el Gobierno prepara también numerosas reuniones. El 5 y el 6 de este mes convocará a las organizaciones no gubernamentales que trabajan en la asistencia a inmigrantes indocumentados y una semana después, “en torno al día 12”, a las comunidades autónomas que participan en el plan de envíos de clandestinos desde las Canarias a la Península.


Será en el seno de la Comisión Mixta de traslados. La siguiente cita tendrá lugar el 18 de septiembre. El Consejo Superior de Política de Inmigración, en el que participan todos los responsables autonómicos en la materia, servirá para la reclamar solidaridad de las distintas comunidades y descargar de adolescentes indocumentados los abarrotados centros de atención a menores del archipiélago.


Pacto de Estado

Por su lado, el portavoz del PSOE en el Congreso, Diego López Garrido, apostó ayery por llegar a un pacto de Estado en inmigración con el apoyo del PP, aunque lamentó que para el principal partido de la oposición, “cualquier acuerdo con el Ejecutivo es malo”. Según apuntó López Garrido, se trata de algo que va más allá de España y la posición del país es mucho más fuerte si está respaldada por todas las fuerzas políticas. “La crítica del PP está apoyada en el no y en la crítica por la crítica, incluso negándose a llegar a posiciones de consenso en cuestiones de Estado como ésta. Esta actitud del principal partido de la oposición es una maldición que tenemos sobre nosotros”, denunció.


Desde el PP, por su parte, condicionaron el respaldo al Gobierno en un cambio de política. La secretaria de Bienestar de Política y Social de este partido, Ana Pastor, culpó al ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Jesús Caldera, de romper, con la regularización extraordinaria de este año, el consenso conseguido en el año 2003 en la ley que se aprobó entonces. Pastor recordó que los planteamientos del PP y del PSOE en inmigración son totalmente diferentes y denunció que el Gobierno no ha firmado ningún convenio con los países de origen.