Escuchar a los menores antes de reubicarlos. Con este objetivo, Unicef ha propuesto a las administraciones la creación de una unidad especializada en infancia que intervenga en los territorios de la frontera sur. “Si se desplegara, creemos que sería muy útil para velar por el interés superior de los niños antes de que sean trasladados a otros territorios”, explica Sara Casero, técnica de Políticas de Infancia de esta agencia de Naciones Unidas. La aplicación de la reforma de la Ley de Extranjería, que permitiría aliviar los recursos de Canarias y que los jóvenes sean acogidos entre todas las comunidades, se hace de rogar y sigue topándose con el rechazo de las autonomías gobernadas por el PP.

La evaluación del interés superior de los menores, contemplada en el Comité de Derechos del Niño y necesaria antes de que se cristalice el reparto de responsabilidades entre las comunidades, “tiene que ser individual, caso por caso”, apunta Casero. Esta unidad también podría apoyar en otras funciones, como la determinación de la edad de los migrantes.

“En Canarias este proceso ha pasado por muchos vaivenes en esta última época, generando retrasos muy importantes y vulneraciones para estos niños y niñas”, indica la técnica de Unicef. En esta línea, la entidad plantea contar con expertos que se desplieguen en las islas en momentos de necesidad, también para agilizar la documentación de los jóvenes antes de que cumplan la mayoría de edad y queden fuera del sistema de acogida.

“Creemos que quien debe desplegar estos recursos y buscar a los especialistas es el Estado, aunque también requiere coordinación territorial y entre las administraciones”, sostienen desde Unicef. “En el caso de Canarias y los territorios de la frontera sur, contemplamos que aprueben y soliciten este refuerzo técnico porque lo necesitan”, añade Casero.

Menores refugiados

En marzo, el Tribunal Supremo requirió al Estado que se hiciera cargo de los menores migrantes solicitantes de asilo acogidos en Canarias. El Alto Tribunal dio un plazo “improrrogable” de diez días para que el Gobierno central garantizara el acceso y la permanencia de estos jóvenes en el Sistema Nacional de Acogida de Protección Internacional. Hasta ahora, no se ha hecho. Este martes, la ministra de Infancia, Sira Rego, aseguró en el Senado que el Gobierno está negociando con Canarias un protocolo para hacerse cargo de los más de mil menores atendidos en las islas que han solicitado asilo o han expresado su voluntad de hacerlo.

“Algo que parecía que iba a ser inmediato y aplaudíamos se está retrasando. Tanto el auto como el mecanismo de traslados que se había aprobado no están llegando a tiempo y parece que se va a retrasar más. Ya estábamos llegando tarde para estos niños y niñas y lamentamos que sigamos en el mismo punto”, valora la técnica de Políticas de Infancia.

El auto del Supremo aclaraba que los menores en situación de desamparo son competencia de la comunidad autónoma. Sin embargo, cuando además de menores son también solicitantes de protección, debe intervenir el Estado. Por tanto, en todo el proceso, ambos gobiernos deben colaborar para garantizar los derechos fundamentales de los menores.

Según las últimas cifras concedidas por el área de Bienestar Social a esta redacción, 539 menores no acompañados han presentado ya en Canarias la solicitud de protección internacional. De ellos, 337 son nacionales de Mali; 125 de Senegal y 38 de Gambia. Le siguen los nacionales de Guinea (23), Mauritania (10), Costa de Marfil (3), Marruecos (1), Pakistán (1) y Sierra Leona (1). Por otro lado, 494 son chicos y 45, chicas. Los datos de Acnur indican además que 350 están pendientes de cita para manifestarla y otros 325 ya la han manifestado y están citados para presentar la solicitud.

El ruido político

“El mensaje que intentamos recordar es que, ya sea con los solicitantes o cualquier niño o adolescente de los centros de acogida, estamos olvidando que son niños”, critica Casero. “Todo este ruido político manifiesta la falta de voluntad política y que no estamos poniendo los derechos de los niños y niñas en el centro, que debería ser lo primordial”, asevera.

La reunión de este lunes de la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia, en la que están todas las autonomías, terminó de nuevo sin acuerdos. Se preveía que en este encuentro se cerrarían los criterios para reubicar a los menores no acompañados que hasta ahora conviven en Canarias y Ceuta en condiciones que no siempre garantizan el cumplimiento de sus derechos. Los gobiernos regionales del PP llegaron sin propuestas y no actualizaron las cifras de menores que acogen, tal y como se solicitó en abril tras la aprobación de la reforma de la Ley de Extranjería. Ahora, el Estado ha dado un plazo de diez días a estas comunidades para que lo hagan.

La experta advierte que la lentitud en los acuerdos entre administraciones trae consigo importantes repercusiones para los menores. “Los macrocentros de más de 200 plazas en los que estos niños y niñas están viviendo no son entornos seguros y protectores para ellos”, indica. Según la técnica, cualquier menor en desamparo está en una situación de vulnerabilidad y, vivir en este tipo de recursos los expone a mayores riesgos.

“No tienen acceso a intérpretes ni a clases de español suficientes que les saquen del aislamiento. Es duro cuando estás en un entorno nuevo y no dominas el idioma, porque estás aislado de tu entorno”, apostilla. Otros de los impactos son los retrasos en la escolarización, en el acceso a los servicios sanitarios y el impacto en la salud mental y el bienestar emocional. “No es solo lo que viven en el país de origen ni en el trayecto, sino también aquí, con la acogida o no acogida que estamos dándoles o con las separaciones de familiares en costa”, ejemplifica.