El Tribunal Constitucional ha admitido a trámite este miércoles el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Gobierno de Aragón frente al real decreto del Gobierno central para la reubicación de menores migrantes no acompañados.

El Gobierno de Aragón acordó el pasado 21 de marzo la presentación de este recurso, algo que materializó hace una semana, el día 30, una vez superados los problemas de conexión generados por el apagón eléctrico que afectó al país. El Ejecutivo aragonés, presidido por el popular Jorge Azcón, considera que el real decreto vulnera competencias autonómicas y quiebra los principios de igualdad y solidaridad entre comunidades autónomas. El recurso presentado impugna la práctica totalidad de los preceptos del real decreto.

El Gobierno de Aragón hace hincapié, además, en que el mecanismo utilizado por el Ejecutivo central no es el indicado para regular cuestiones que afectan a los derechos fundamentales y libertades públicas, en este caso de los menores extranjeros no acompañados, cuya regulación, esgrime, debe hacerse mediante ley orgánica.

Según expuso en una rueda de prensa la consejera de Bienestar Social y Familia del Gobierno de Aragón, Carmen Susín, la redistribución que plantea no responde al interés superior de los menores, sino al del presiente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el decreto se recurrirá ante la Justicia europea si es necesario.

La interposición de este recurso se suma a otros presentados en el ámbito contencioso-administrativo contra el requerimiento de datos y también contra la convocatoria extraordinaria de la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia, que ha admitido a trámite la Audiencia Nacional.

Galicia también valora recurrir

La conselleira de Política Social, Fabiola García, ha reiterado este miércoles su rechazo a la propuesta del Gobierno para la reubicación de menores migrantes no acompañados. Y al responder a una interpelación en el Parlamento de Galicia, ha criticado que los grupos de la oposición quieran aceptar la propuesta del Gobierno pese a que ponga en riesgo, considera, «un dos modelos de acollemento máis integradores de España». La Xunta también valora recurrir judicialmente el reparto.