Los partidos a la izquierda del PSOE y medio centenar de organizaciones de la sociedad civil han presentado este miércoles en el Congreso una proposición no de ley (PNL) para instar al Ejecutivo a tomar medidas contra el racismo inmobiliario y la exclusión que sufren las personas migrantes y refugiadas en el acceso a la vivienda. “La discriminación residencial se ha profundizado y está abocando a las personas migrantes a situaciones de vulnerabilidad extrema”, apuntan desde las entidades. La Federación de Consumidores y Usuarios CECU, Asociación Rumiñahui, CEAR, Red Acoge, Provivienda y la Coordinadora de Asociaciones Senegalesas de Catalunya han impulsado la iniciativa.

“El acceso a la vivienda nos preocupa especialmente a las personas migrantes y refugiadas; cuando llamamos a las inmobiliarias y escuchan nuestro acento o ven nuestro fenotipo, nos niegan el alquiler. No es justo que nuestros hijos se vean obligados a vivir en habitaciones pequeñas, sin un espacio adecuado para estudiar o estar cómodamente. Nosotros también estamos construyendo este país y se nos trata como ciudadanos de tercer nivel, exigimos una vivienda digna y de calidad”, ha declarado a Público Vladimir Paspuel Revelo, portavoz de la Asociación Rumiñahui. Las organizaciones sociales denuncian que “no existe una política pública” que impulse medidas efectivas y mecanismos sancionadores para evitar prácticas contra la igualdad de trato en el acceso a una solución habitacional.

Sumar, Podemos, ERC, EH Bildu y BNG reclaman en la PNL, a la que ha tenido acceso este medio, una aplicación efectiva de la Ley de Vivienda, que recoge en su artículo seis la necesidad de impulsar “políticas públicas” capaces de “eliminar cualquier tipo de discriminación, por cualquier razón, en el acceso a una vivienda y el disfrute de la misma”. El Derecho Internacional y la Carta Social Europea también reconocen estas obligaciones.

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Las organizaciones sociales piden en este sentido incorporar en el Plan Estatal de Vivienda 2026-2029 “medidas inclusivas y financiación” para acabar con el racismo inmobiliario y instan al Ejecutivo a “regular los requisitos y la documentación necesaria para acceder a una vivienda en alquiler o compra de manera que se eviten los procedimientos discriminatorios”. La PNL también sugiere “desarrollar programas de bolsas de alquiler asequible con figuras mediadoras y servicios de asesoramiento legal gratuitos en la firma de contratos”, para evitar infracciones y abusos por parte de las agencias, y “ejercer una vigilancia efectiva del mercado inmobiliario”, con sanciones para las empresas que fomenten prácticas discriminatorias.

El último informe de Provivienda, publicado bajo el título ¿Se Alquila? (2) Racismo y segregación en el alquiler de vivienda, refleja que el 99% de las agencias inmobiliarias aceptan cláusulas discriminatorias, bloqueando directamente el acceso a la vivienda de las personas migrantes o dificultándolo mediante el aumento de los requisitos exigidos para acceder a un alquiler. Estas prácticas intensifican además los procesos de segregación urbana que arrastra el país. El mismo estudio evidencia que a los solicitantes españoles se les ofrecen el doble de alternativas al consultar por pisos similares (30% frente al 15% de los perfiles extranjeros) y se les sugiere una mayor diversidad territorial.

Mar González, coportavoz de Verdes Equo y diputada de Sumar, ha querido agradecer el papel de las organizaciones sociales para “poner datos a la tragedia que se vive” en el mercado inmobiliario. “España vive una emergencia habitacional sin precedentes que está dejando a muchas familias en la calle, sin opciones y sin posibilidad de tener una vida digna. Y si a esto sumamos el factor migrante, nos encontramos con una discriminación que va mucho más allá. Si queremos que las personas migrantes puedan trabajar y estar incluidas en la sociedad, la vivienda es fundamental”, ha defendido la parlamentaria, que se ha comprometido a “hacer todo lo posible” desde su espacio político “para que la vivienda deje de ser un problema y vuelva a ser un derecho”.

“La vivienda es la emergencia social más importante que tenemos ahora mismo. Este miércoles damos un paso más al presentar esta proposición en el Congreso, una proposicion que habla directamente de racismo inmobiliario. Si ya es un problema encontrar una vivienda digna en condiciones con la nacionalidad del país, imagínense cuando alguien viene de fuera y tiene estas dificultades añadidas”, han insistido desde ERC. “Esperamos que el PSOE haga alguna cosa más desde su posición de poder que dar grandes declaraciones”, señaló la diputada Etna Estrems, portavoz de los republicanos en la Comisión de Vivienda.

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Néstor Rego, portavoz del BNG en la Cámara Baja, ha tachado de “inaceptable” la discriminación inmobiliaria “por motivos de origen, raza o situación administrativa” y ha pedido “medidas firmes y eficaces” por parte del Ejecutivo. “Defendemos una vivienda digna para todas las personas, sin importar su clase social, color de piel, género o religión. No basta con buenas intenciones: hacen falta recursos, control, acciones efectivas y una voluntad política clara para poner fin a esta injusticia”, ha reconocido a Público el diputado nacionalista. Fuentes del Grupo Socialista han confirmado a este medio su disposición a “negociar” la iniciativa a lo largo del trámite parlamentario y aseguran que, hasta ahora, “nadie se había puesto en contacto con el PSOE”, motivo por el que la PNL no incluiría su firma.