Las comunidades en las que gobierna el Partido Popular (PP) recrudecen su ofensiva contra el reparto de menores migrantes no acompañados. Y aunque Madrid fue la primera en llevar al Tribunal Constitucional el real decreto ley que modifica el artículo 35 de la Ley de Extranjería y permite la distribución solidaria es Aragón la que ha ido más lejos. La región presidida por Jorge Azcón ya ha impugnado en la justicia la convocatoria de la Conferencia Sectorial Extraordinaria de Infancia que activa las medidas del decreto. Ante esto, el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, se ha expresado con contundencia: «Están utilizando las leyes para ir en contra de los derechos de los niños y de las niñas», dijo este miércoles en un acto en el que presentaba en Tenerife la estrategia Aeroespacial de Canarias.

Con la aceptación a trámite del recurso contra el decreto de Aragón ya son dos los aceptados por el Constitucional, pues se suma al de Madrid. Además este miércoles también se supo que la Audiencia Nacional había admitido el recurso que el Gobierno de Jorge Azcón interpuso contra la convocatoria de la Sectorial Extraordinaria de Infancia celebrada el pasado lunes tras ser pospuesta una semana por el apagón que afectó a la Península Ibérica el pasado 28 de abril.

EN CONTEXTO
Decreto El texto convalidado por el Congreso sobre el reparti de menores ha sido recurrido al Constitucional.

Madrid y Aragón Son las dos cuminidades a las que el Constitucional ha admitido a trámite el recurso.

Reunión La convocatoria de la Conferencia Sectrorial Extraodinaria de Infancia tambien ha sido recurrida.

Aceptación La Sudiencia Nacional admitió el recurso de Aragón. También denuncia la petición de datos.

Con ello Aragón despliega una batería de herramientas judiciales en contra del reparto de menores migrantes no acompañados y anuncia más. Según recoge Europa Press, Azcón reiteró este miércoles que no se aportarán los datos sobre menores no acompañados que ha vuelto a solicitar el Ministerio de Juventud e Infancia a los territorios para «no instalar la ilegalidad» en la comunidad autónoma.

Requerimiento formal para obtener las cifras
Cabe recordar que Aragón fue la única comunidad que no aportó los datos antes de la celebración de la conferencia como había solicitado la ministra de Infancia, Sira Rego, mientras que en el resto las cifras eran confusas y combinadas con centros y plazas de acogida para menores nacionales. Ante esto, y con el objetivo de poder hacer el Plan de respuesta a la situación de contingencia migratoria extraordinaria, Rego el martes volvió a solicitar las cifras, esta vez en un requerimiento formal, con lo que de no cumplir las comunidades el Estado puede acudir a la justicia.

Nira Fierro, secretaria de Organización del PSOE en Canarias.
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Nira Fierro, secretaria de Organización del PSOE en Canarias. Efe
Domínguez hace «contorsionismo político», dice Fierro
La secretaria de Organización del PSOE en Canarias, Nira Fiero, criticó este miércoles al vicepresidente del Gobierno canario, Manuel Domínguez, por hacer «contorsionismo político» en el tema del reparto de los menores migrantes no acompañados por el doble discurso del PP en Canarias y el PP nacional. En declaraciones a los medios en un acto en Fuerteventura con la militancia, Fierro recordó que Domínguez había invitado a su partido a cumplir la ley mientras que Aragón recurría al Constitucional. «El PPde Canarias está a Dios rogando y con el mazo dando. Una cosa aquí y allí haciendo la contraria», dijo. También criticó la idea de Cantabria de expatriar a 18 menores migrantes solos, algo que enmarcó en la agenda «racista» de la ultraderecha.

Cantabria insiste en repatriar a 18 menores
Cantabria, por su parte, insiste en que es legítimo consultar al Estado por la posibilidad de que se expatríe a 18 menores migrantes extranjeros no acompañados que tutela en la creencia de que estarán mejor atendidos con sus familias en su país de origen. A juicio de Fernando Clavijo, el Ejecutivo de Cantabria demuestra «un desconocimiento absoluto de las leyes españolas» y cree que también hay un «cierto desprecio por los derechos de los menores». El jefe del Ejecutivo canario recordó que los menores deben ser «escuchados» y si dice «que no quiere irse» no se va. «El menor se ha ido porque evidentemente no quiere estar ahí, con lo cual prevalece la voluntad del menor», y «ninguna fiscalía va a autorizar esa expatriación», añadió.

La consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid, Ana Dávila-Ponce de León en representación de las comunidades del PP ya anunció al finalizar la conferencia sectorial del lunes que pedirá la nulidad de la convocatoria. Antes de la reunión la tildó de «ilegal», y después dijo que la recurrirá porque no se llevó a cabo una votación. Rego decidió que no hacía falta ante el evidente rechazo de las comunidades populares a aceptar el reparto solidario que plantea el real decreto.

Fernando Clavijo, presidente de Canarias.
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Fernando Clavijo, presidente de Canarias. Efe
Canarias insiste en que el Estado debe integrar a los chicos asilados en su sistema de protección
L.R.G.

Las Palmas de Gran Canaria. El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, insistió este miércoles en la urgencia de que el Estado cumpla el auto del pasado mes de abril del Tribunal Supremo e integre en sus sistema de protección a los 1.080 menores extranjeros no acompañados que han solicitado asilo político. La falta de cumplimiento «es una tomadura de pelo para Canarias, pero es una tomadura de pelo básicamente para los menores», dijo Clavijo al ser preguntado por los medios de comunicación.

El día anterior el vicepresidente canario, Manuel Domínguez (PP) utilizó la misma expresión para referirse a que el Gobierno central no asume a esos chicos.

«Al estar en el sistema de protección nacional, cuando cumplen los 17 años tienen un permiso de trabajo y tienen una documentación con la que poder moverse. Hasta que no se resuelva puedes trabajar. ¿Cuántos niños han cumplido 16 o 18 años teniendo derecho a estar en esa red de protección nacional y que al no estar tienen esos papeles, se están vulnerando los derechos?», se preguntó Clavijo.

Además, afeó al Estado que admitiera ante el Supremo que no tiene recursos para atenderlos en el sistema de protección nacional. «Nosotros consideramos que es muy claro que es un acto administrativo porque integrarlos, ese mero hecho, ya les reconoce unos derechos a esos menores, independientemente de que después vamos a colaborar con esos menores, pueden ir saliendo acorde a las realidades de cada uno de ellos, porque algunos pueden estar en familias canarias y están perfectamente radicados en las islas. Pero lo que no se entiende es que el Estado no los haya integrado en la red de protección», abundó el presidente.

A ese «incumplimiento» también se refieren las comunidades lideradas por el PP.