Madrid – La grave crisis de la inmigración ilegal que ha azotado con
especial virulencia este verano a las costas de Canarias y la presión
generada por los diferentes actores sociales y políticos al Gobierno han
hecho que este se estén planteando en las últimas semanas una serie de
medidas urgentes para hacer frente a una crisis de proporciones ya
internacionales. Si la vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega ya
adelantaba la semana pasada las reuniones de dos comisiones relacionadas
con este asunto, ayer retomaba el asunto tras el Consejo de Ministros y
marcaba nuevas pautas para los próximos meses.
   De la Vega
comenzó la rueda de prensa posterior al Consejo recalcando la importancia
que tiene este asunto para el Ejecutivo y lanzando un nuevo dardo
envenenado con dirección a Bruselas al señalar que «es evidente que
algunos países de la Unión Europea no ven el problema» como lo hace
España. Igualmente, insistió en que «el Gobierno quiere una inmigración
legal y ordenada y les garantizo que en ello estamos trabajando desde el
primer día sin descanso. No es una tarea ni fácil ni sencilla; estamos
ante un gran drama humano originado por la pobreza y por la guerra;
tenemos por tanto ante nosotros un desafío de largo recorrido. Sin embargo
confío en que con el concurso de todos, a nivel nacional e internacional,
podremos vislumbrar luz al final del túnel».
   La primera
medida que anunció fue la convocatoria de una cumbre entre ocho países de
la frontera sur de Europa (España, Francia, Italia, Portugal, Grecia,
Malta, Chipre y Eslovenia) antes de que finalice el mes de septiembre en
Madrid. En ese encuentro, los ministros de Interior y Defensa elaborarán
«una propuesta conjunta» de desarrollo de un modelo europeo de gestión de
la frontera marítima, que podría presentarse en la cumbre de líderes de la
UE del próximo mes de diciembre. Ese modelo incluirá labores de
patrullaje, vigilancia, salvamento, rescate, identificación,
documentación, retorno y repatriación.
   Junto a esta
cumbre, la vicepresidenta anunció la implicación directa del presidente
Zapatero en la crisis de la inmigración con una ofensiva diplomática
durante la primera quincena de este mes que le llevará a cuatro marcos
distintos con las mismas reivindicaciones, porque «cuando llega un cayuco
a Canarias está llegando al mismo territorio en que se encuentra Helsinki,
Londres o París, a la UE». El primer destino será la cumbre europea en
Helsinki, el 10 y 11 de septiembre. Al día siguiente, se reunirá en Berlín
con Angel Merkel, canciller alemana, con motivo de la cumbre bilateral.
Más adelante, en octubre, el presidente del Gobierno trasladará las
reclamaciones españolas en la cumbre informal de la UE. Al mismo tiempo,
el Ejecutivo creará nuevos consulados en los países donde se origina la
inmigración ilegal y anunció que las cinco patrulleras y el helicóptero
donados a Senegal comenzarán a trabajar de manera inminente.
   De
puertas para adentro, la vicepresidenta también anunció una serie de
medidas urgentes, además de fijar la comparecencia del ministro de Trabajo
y Asuntos Sociales, Jesús Caldera, el 7 de septiembre, como ya hizo el
titular de Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, el jueves.
   Por
otro lado, otros tres inmigrantes han fallecido en su intento por alcanzar
en cayucos las costas de Canarias desde el África occidental, en una
jornada en la que se detectaron seis embarcaciones con un total de 430
personas a bordo, entre ellas al menos 24 menores y cuatro mujeres. Los
tres fallecidos perdieron la vida la madrugada del viernes a bordo del
barco de Salvamento Marítimo «Punta Tarifa», que había rescatado a los 87
ocupantes de un cayuco a la deriva.