El reparto de menores migrantes, un acuerdo que llegaba en el primer trimestre del año de la mano del Gobierno de España y Junts, cayó como un jarro de agua fría a los comunidades gobernadas por el PP, quienes advertían, entre ellas Cantabria, de recurrir este hecho al considerarlo “inconstitucional”, tal y como exponía la consejera de Inclusión Social de la comunidad, Begoña Gómez del Río en el pasado mes de marzo.

Ahora, el Gobierno de Cantabria, liderado por los ‘populares’ de María José Sáenz de Buruaga, ha pedido formalmente al Estado, a través de la Delegación del Gobierno, “la incoación del expediente de expatriación” de 18 menores migrantes tutelados (de 25 que se les otorgó), ligando el interés del menor con la reagrupación con su familia en su país de origen y que hace alusión a 18 resoluciones en las que se apela al “interés superior del menor” que “se satisface con la reagrupación con su familia en su país de origen”.

Según los últimos datos facilitados por la Consejería de Inclusión Social el pasado mes de abril, Cantabria tenía 25 menores migrantes tutelados.

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Una decisión que se aleja del cumplimiento del artículo 35 de la ley de extranjería y que no es la primera vez que sucede en otras comunidades, pues son numerosas las resoluciones judiciales que han paralizado intentos similares de otras regiones de tratar de expulsar a niños y niñas migrantes y no han sido llevadas a trámite.