El Gobierno de Cantabria ha respondido a la noticia que ocupaba todas las portadas este mediodía sobre la expatriación de 18 menores migrantes tutelados que había solicitado el propio Gobierno de la comunidad. Una información que ha generado la reacción de grupos políticos como IU y PSOE, tachando a los ‘populares’ de tener dos caras.

Por ello, el Gobierno de Cantabria agendaba horas después un rueda de prensa para aclarar lo sucedido, donde ha negado haber pedido la repatriación de 18 menores migrantes tutelados y ha criticado la “polémica artificial e interesada” creada en torno a este asunto cuando lo que ha hecho ha sido “pedir a la Delegación del Gobierno que valore iniciar un procedimiento reglado para saber lo que es mejor” para ellos, ha indicado la consejera de Inclusión Social, Begoña Gómez del Río.

Un hecho que la consejera ha negado, y respecto al que ha aclarado que lo que ha hecho el Gobierno es cumplir lo que marca la Ley de Extranjería e informar de aquellos menores que han referido que tienen familia en su país. “El Gobierno de Cantabria no pretende la expulsión de ningún menor extranjero no acompañado. Precisamente todo lo contrario: buscamos protegerles, buscamos el interés superior del menor, buscamos que tengan un adecuado lugar para vivir, porque Cantabria es y será solidaria, y queremos tratar a estos niños con la debida dignidad y con la adecuada protección”.

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Así, ha insistido en que “lo único que ha hecho el Gobierno de Cantabria es garantizar el bien superior del menor y, precisamente por ello, cumpliendo escrupulosamente la legalidad, la Ley de Extranjería, hemos pedido al Gobierno de España que solicite información de las circunstancias familiares del menor a la representación diplomática”. Así, Gómez del Río ha incidido en que “Cantabria no ha iniciado ningún expediente de repatriación, ni queremos expulsar a menores no acompañados de Cantabria. Es rotundamente falso y, además, es absolutamente imposible porque la competencia es de Delegación de Gobierno”.

MEDIDAS

Al hilo, ha explicado que “los distintos instrumentos internacionales de protección de los menores” apuntan a que éstos tienen que ser cuidados en su núcleo familiar. “Es la primera medida que se tiene que buscar. Por lo tanto, cuando un menor extranjero o no acompañado refiere que tiene ese vínculo familiar, se pone en conocimiento de Delegación de Gobierno”, ha expuesto la titular de Inclusión Social acompañada de la directora del Instituto Cántabro de Servicios Sociales (ICASS), Carmen Arce.

Ambas han explicado que los 18 expedientes remitidos a la Delegación son un modelo en el que se solicita a esta administración que “indague sobre las circunstancias de los menores en su país de origen”, pidiendo información a las distintas oficinas consulares, a la Fiscalía, a los Servicios Sociales y hablando con los propios tutelados.

“Lo que ha hecho el Gobierno es pedir a la Delegación de Gobierno que valore iniciar un procedimiento para saber lo que es mejor para los menores: que permanezcan en nuestra comunidad autónoma, dentro del sistema, o que regresen a vivir con sus familias”, ha reiterado la consejera, que ha insistido en que “tienen que tomar ellos esa decisión” y que “Cantabria no puede repatriar a ningún menor”.