Aplazado por el apagón eléctrico del último lunes de abril, el Ministerio de Juventud e Infancia convocó este lunes de nuevo a las comunidades para avanzar en el plan del Gobierno para derivar a los más de cuatro mil menores migrantes no acompañados de Canarias y Ceuta. Con la ministra Sira Rego al frente, la reunión, que comenzó a las cuatro de la tarde y se extendió hasta pasadas las ocho, se preveía bronca por el rechazo de las comunidades del PP a los criterios de reparto, convalidados por el Congreso el 10 de abril en un real decreto que modifica la ley de extranjería.

Y así lo fue. Polémica, pese a que la ministra afirmó al inicio que el Gobierno tendía la mano a las comunidades para dialogar el reparto y comenzar cuanto antes (este verano) con los traslados. Pero desde el PP denunciaron que no se les permitió votar el real decreto ni hacer aportaciones sobre los criterios, por lo que pedirán la nulidad de la conferencia sectorial. «Hoxe acabamos de asistir a unha nova burla e paripé do Goberno: convocounos a todas as comunidades a unha conferencia e denéganos o dereito ao voto», afirmó la conselleira de Política Social, Fabiola García, que participó a través de videollamada desde San Caetano. La ministra explicó que no se votó el nuevo documento «porque ya está ratificado» por el Congreso y reprochó a los populares que «no se puede votar lo que no se ha aportado», ya que, según confirmó, no presentaron ninguna nueva propuesta. Rego anunció que, desde hoy, las comunidades tienen un nuevo plazo de diez días para actualizar sus datos de capacidad de acogida.

El Gobierno sigue adelante con el reparto, sin modificaciones, y el envío a Galicia de 326 menores migrantes no acompañados, «co que vai rebentar o sistema de protección galego», advirtió la conselleira. Con el acuerdo de acogida del año pasado llegaron 26 niños a la comunidad.

Fabiola García reprobó que la conferencia sectorial sea para debatir unos criterios de reparto de un real decreto ley aprobado y convalidado sin contar con las comunidades, que son las que tienen las competencias exclusivas en el sistema de protección. «La señora ministra nos da la oportunidad de modificar esos criterios y desde Galicia nos parece una burla y una falta de respeto institucional», afirmó, tras recordar que se tuvieron que enterar de ellos por los medios de comunicación, por el portavoz de Junts per Catalunya y por el Boletín Oficial del Estado.

Afirmó Fabiola García en su intervención que Galicia no va a aceptar más imposiciones del Gobierno, y que «lo que está pasando es por culpa de un fallo en su política migratoria», con la que se «pretende repartir a menores, niños y adolescentes, como si fueran paquetes». Insistió en que Galicia es acogedora y solidaria, preguntándose qué va a pasar «mañana, pasado o dentro de meses», por cuántos menores podrían recibir más.

«Van a reventar un sistema integrador que lleva funcionando 30 años», denunció la conselleira sobre el gallego, en el que los menores migrantes conviven con el resto de niños y adolescentes bajo protección de la Xunta en los 80 centros que hay en la comunidad. «Vamos a tener que crear guetos, parece que eso es lo que pretende el Gobierno», agregó.

Terminó preguntando por el nuevo sistema de financiación de las comunidades, para este 2025, para poder acoger a «los 326 menores que se supone que van a llegar a Galicia». Sin respuesta. Abiertos al diálogo

Antes de la Conferencia Sectorial extraordinaria de Infancia y Adolescencia, la ministra Sira Rego —de la parte de Sumar del Ejecutivo— aseguró que el Gobierno tendía la mano a las comunidades para dialogar el reparto y comenzar los traslados este verano. Presentó la reunión como «una oportunidad» para alcanzar un acuerdo, al tratarse de «un espacio de colaboración y diálogo» con las comunidades, que podrían «plantear cualquier modificación que quieran aportar».

La ministra recordó que la reforma del artículo 35 de la ley de extranjería contempla la posibilidad de que los criterios sean modificados por parte de las comunidades: «Y hoy estamos en ese momento».

Sobre la conferencia sectorial, que las comunidades gobernadas por el PP afirmaron que fue convocada de forma ilegal, Rego defendió que la propia modificación de la ley «contempla la necesidad de convocar esta conferencia sectorial», por lo que están cumpliendo con un mandato del real decreto. También señaló que el reglamento de la propia Conferencia Sectorial «contempla la posibilidad de hacer convocatorias extraordinarias». Desde el PP señalaron que se trata de un mero «trámite» para llevar a cabo un reparto «arbitrario y forzoso». Un año de trabajo y varias conferencias sectoriales

La responsable de Juventud e Infancia afirmó que llevan más de un año trabajando en este asunto con las comunidades y que ya se convocaron varias conferencias sectoriales. «Nos hemos encontrado con el rechazo de una parte de las comunidades del Partido Popular a un plan que ha sido muy complejo de elaborar, hemos intentado todas las vías habidas y por haber. Tenemos la mejor de las voluntades. Estamos hablando de derechos fundamentales, de derechos humanos, estamos hablando de niños y niñas que están solas», señaló Rego.

Para la ministra, se trata de una reforma «sensata» y hace falta «más voluntad política». Desde Canarias también pedían este lunes al Gobierno que se aproveche la calma en las llegadas irregulares a las costas de las islas en las últimas semanas (solo 23 inmigrantes en la segunda quincena de abril) para agilizar la derivación de los menores que tutela la comunidad y disminuir así la presión sobre el sistema.

La consejera de Bienestar Social del Gobierno de Canarias (Coalición Canaria), Candelaria Delgado, expresó su decepción ante la «falta de acuerdos» de la sectorial. «Ya intuíamos que no iba a haber acuerdos, pero es verdad que ni siquiera se han debatido ni votado determinadas cuestiones planteadas por las comunidades. Tenemos la sensación de que hemos vuelto al punto de partida, o incluso, retrocedido», lamentó.