El presidente llevará el asunto a todas las cumbres bilaterales y europeas de los próximos meses y la vicepresidenta buscará apoyo de CCAA, partidos, agentes sociales y ONG El Gobierno ha decidido dar prioridad al problema de la inmigración ilegal y ha puesto en marcha para los próximos meses una ofensiva política y diplomática.

Fuentes del Ejecutivo admiten las dificultades para abordar el asunto a corto plazo y que, por tanto, es el principal flanco político que tienen abierto. Esta situación ha quedado patente en las últimas sesiones parlamentarias en las que todos los grupos, salvo el socialista, han coincidido en exigir responsabilidades al Gobierno.

La vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega, expuso ayer un largo informe en el Consejo de Ministros y luego detalló en la rueda de prensa las medidas que pondrá en marcha. La número dos del Gobierno seguirá coordinando las actuaciones que afectan a varios ministerios.

La ofensiva diplomática se dirige por un lado a lograr apoyo y ayuda en la Unión Europea y por otro a intentar atajar la salida de inmigrantes ilegales desde sus países de origen.

Fernández de la Vega aseguró ayer que se trata de hacer ver a la UE que «cuando un cayuco llega a Canarias está llegando al mismo territorio en el que están Helsinki, Londres o París, es decir, a Europa».

Para ello, el Gobierno se compromete a incluir la inmigración en todas las cumbres europeas y reuniones bilaterales de los próximos meses.

Así, a iniciativa del Gobierno, se celebrará en Madrid este mes una cumbre de los países europeos con frontera sur, es decir, Portugal, Grecia, Italia, Francia, Chipre, Malta y Eslovenia. El objetivo es que los ministros de Defensa e Interior elaboren un modelo europeo de gestión de la frontera sur que incluya las labores de patrullaje, vigilancia, salvamento, rescate, documentación, retorno y repatriación.

Ese modelo debería aprobarse en la Cumbre Europea de diciembre, junto con un Sistema Europeo de Vigilancia Marítima para el Mediterráneo y el Atlántico.

José Luis Rodríguez Zapatero planteará el asunto de la inmigración ilegal en la cumbre informal de octubre y en la que se celebrará en Helsinki de Asia y Europa los días 10 y 11 de septiembre.

Además, para lograr apoyo europeo en la gestión de la inmigración ilegal, el presidente del Gobierno planteará el asunto a Angela Merkel en la cumbre hispano – alemana del 12 de septiembre.

Dos días después, Zapatero viajará a Rabat para entrevistarse con el Rey y el primer ministro de Marruecos. Esa reunión debía haberse producido el día 8, pero fue aplazada por Marruecos alegando razones de agenda.

La otra parte de la acción exterior es la referida a los acuerdos con los países africanos para evitar la salida de inmigrantes y para cerrar acuerdos que permitan el retorno de los que lleguen a las costas españolas. Fernández de la Vega citó el acuerdo con Senegal para prestarle cinco patrulleras y un helicóptero.

En este apartado, el plan se completa con la instalación de nuevos consulados en países africanos en los que España no tenía presencia y, por tanto, era imposible cerrar acuerdos. La vicepresidenta habló ayer de 13 consulados nuevos, 10 cónsules adjuntos y 300 nuevas plazas de diplomáticos y técnicos comerciales del Estado para los próximos años.

En lo político, a la comparecencia de Alfredo Pérez Rubalcaba anteayer en el Congreso se unirá la de Jesús Caldera el día 7.

Fernández de la Vega contactará con todos los portavoces parlamentarios para buscar un pacto de Estado y recabar propuestas de los grupos. El Gobierno se reunirá la próxima semana con ONG y agentes sociales, convocará para el día 12 la Comisión Mixta de Traslados y el 18 el Consejo Nacional de Inmigración.

Fuentes de La Moncloa aseguran que, por el momento, no se plantean cambiar las estructuras de los ministerios para unificar la gestión de la inmigración, a pesar de haber observado deficiencias en el organigrama actual. Zapatero trasladó la gestión de la inmigración de Interior a Trabajo y Asuntos Sociales y, finalmente, la vicepresidenta primera está siendo la encargada del problema.

El ministro del Interior aseguró el jueves en el Congreso que se plantea cambios en la estructura de su Ministerio para la gestión de la inmigración. Ese cambio sólo afectará al funcionamiento interno del Departamento.