El Gobierno de Aragón ha decidido dar un paso más en su lucha contra el decreto ley que establece el reparto de menores migrantes, por lo que lo llevará ante el Tribunal Constitucional basándose en que este “vulnera las competencias autonómicas y quiebra los principios de igualdad y solidaridad” establecidos entre las distintas regiones del país.

Un movimiento que sigue en línea con la postura adquirida por el Ejecutivo liderado por Jorge Azcón desde la aprobación de la norma, ya que, desde el principio, Aragón ha sido uno de los territorios más beligerantes contra el decreto, negándose a aportar la información requerida por el Ministerio respecto a las cifras de acogida.

En cuanto al recurso presentado ante el TC, la consejera de Bienestar Social y Familia, Carmen Susín, ha explicado que lo interpondrán tanto en su totalidad, “por su identidad de razón y su unidad de sentido”, como subsidiariamente, ya que “se impugnan todos los preceptos del decreto de forma individual, al considerar que incurren en específicos vicios de inconstitucionalidad”. Además, el Gobierno aragonés incide en que el decreto ley “no es el mecanismo indicado para regular cuestiones que afectan a los derechos fundamentales y a libertades públicas de los menores extranjeros”, y apunta que “debe hacerse mediante una ley orgánica”.

Susín ha explicado que la norma aprobada por el Gobierno central tras pactar con CarlesPuigdemont “impone una reubicación forzosa de menores en situación de extrema vulnerabilidad” y lo hace “sin los consensos necesarios” entre las diferentes administraciones autonómicas. Así, ha señalado que el decreto “desprecia e ignora el modelo de gestión de contingencias migratorias vigente hasta el momento y el plan de respuesta que fue aprobado en la Conferencia Sectorial de 2022”.

Con todo, el Gobierno de Aragón señala que estamos frente a una “imposición” cimentada en “la desigualdad y la xenofobia”, que se ha pactado con “un partido independentista, siguiendo razones políticas que responden al interés superior de Pedro Sánchez”. “No vamos a aceptar que se firmen acuerdos con un político perseguido por la Justicia, cuyo objetivo es excluir a una comunidad autónoma que no gobierna de unos consensos acordados en igualdad con el resto. Llegaremos hasta donde haga falta, incluso iremos a las instituciones europeas si es necesario”, ha finalizado Susín.

El recurso ante el Tribunal Constitucional representa la tercera acción ante la justicia que el Ejecutivo aragonés ejecuta tras la aprobación del decreto ley. Como primera actuación, decidió abrir un litigio contra el requerimiento estatal de remisión de las cifras de acogida de menores no acompañados, siendo la única región que no facilitó ningún tipo de dato al respecto. En este momento, la tramitación de las medidas cautelares ha quedado suspendida de forma momentánea por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, después de que la Abogacía del Estado solicitase la inadmisión del recurso. Por otro lado, al igual que hizo la Comunidad de Madrid, también se recurrió la convocatoria de la Conferencia Sectorial que iba a abordar este asunto y que acabó siendo suspendida a causa del apagón.