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Fernando Grande-Marlaska es el ministro del Interior que más tiempo ha permanecido en su cargo en la historia de la Democracia española. Es de los pocos (junto a Margarita Robles, Luis Planas y María Jesús Montero) que continúa todavía en el Gobierno desde que Pedro Sánchez llegó a Moncloa en 2018. Y también es uno de los más criticados por su labor tanto desde la izquierda como desde la derecha.

El último caso que rodea a Marlaska ha sido quizás el que peores consecuencias internas podría haber causado en la coalición formada por PSOE y Sumar. El contrato firmado para comprar balas a una empresa de Israel desencadenó una crisis gubernamental entre los socialistas y sus socios. Suponía una ruptura de los compromisos y promesas del Gobierno que establecían la paralización de operaciones comerciales de armamento con Israel desde octubre de 2023.

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Sumar, con IU como un actor clave, presionó de manera intensa e incluso puso sobre la mesa la posibilidad de salir del Ejecutivo. Tras conversaciones intensas a varias bandas, con Sánchez y Díaz implicados, Moncloa anunció finalmente la rescisión unilateral del contrato. Se salvaba así un momento de tensión importante y el presidente del Gobierno corregía directamente a Marlaska. Pocas horas antes, su Ministerio había alegado que no era posible rescindir el contrato y se reafirmaba en sacarlo adelante. IU había pedido su dimisión si no se anulaba.
El foco sobre Marlaska ha tenido varios episodios relacionados con su gestión en las fronteras de Ceuta o Melilla. En mayo del año 2021, en plena crisis con Marruecos por la acogida en España del líder del Frente Polisario Brahim Ghali, el país vecino favoreció la entrada en Ceuta de miles de personas, muchas de ellas menores.

En agosto se efectuaron miles de devoluciones de muchos de esos menores hacia Marruecos. Unos hechos que fueron denunciados por organizaciones humanitarias y partidos de izquierdas, con Unidas Podemos a la cabeza. El Ministerio de Derechos Sociales, entonces liderado por Ione Belarra, pidió de manera expresa a Marlaska que detuviera los procesos de devolución.

El asunto llegó a la justicia y el Tribunal Supremo se pronunció finalmente en enero de 2024. Declaró ilegales las devoluciones realizadas por la “absoluta inobservancia” de lo previsto en la Ley de Extranjería. Esta normativa indica que antes de iniciarse procesos de expulsión de este tipo en menores se tienen que seguir una serie de protocolos individualizados que en este caso no se dieron.

Meses después de lo sucedido en Ceuta se produjo en la valla de Melilla una tragedia durante un intento de salto por parte de centenares de personas migrantes. Se contabilizaron hasta 37 muertes víctimas de una avalancha y por la violencia de las fuerzas de seguridad marroquíes y españolas

Público desveló entonces en exclusiva imágenes que probaban que los gendarmes marroquíes actuaron incluso en suelo español. Unas evidencias que Marlaska negó incluso a posteriori. Una investigación desveló también que al menos una de las muertes sucedió en suelo español pese a que Marlaska lo había negado de manera tajante.

El Defensor del Pueblo emitió luego un informe indicando incumplimiento de la ley ya que se devolvió en caliente a 470 personas sin tener en cuenta las garantías legales nacionales e internacionales. Tanto desde Unidas Podemos como ERC se pidió la dimisión de Marlaska de manera insistente en aquellos momentos.
Los saharauis de Barajas
Más recientemente, durante los meses de septiembre y octubre del pasado año, Marlaska volvió a estar en el punto de mira de los socios del PSOE. En esta ocasión por la denegación de decenas de peticiones de asilo de ciudadanos saharauis llegados al aeropuerto madrileño de Barajas. Muchas de estas solicitudes contaban con informes favorables de ACNUR.

El ministro se defendió de las críticas y aseguró que tenía una “comunicación, coordinación y cooperación permanente” con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados. El Defensor del Pueblo emitió también un comunicado avalando la concesión de asilo de varios de los solicitantes.
Durante esos días varios cargos de Sumar o Podemos intentaron visitar a los activistas saharauis en la sala de deportaciones del aeropuerto. El Ministerio del Interior les negó la entrada. El diputado de EH Bildu Jon Iñarritu desveló incluso que el ministerio que dirige Marlaska le había programado una visita pero que finalmente fue cancelada sine die.

Represión al colectivo LGTBIQ+
El ministro del Interior también ha recibido críticas recientes de sus socios y apertura de investigaciones internas a raíz de una exclusiva de este medio. Varios testimonios revelaron que actuaciones como redadas o humillaciones policiales contra el colectivo LGTBIQ+ con la excusa de las drogas y el ‘chemsex’. Como también desveló Público, el departamento que dirige Marlaska se desentendió de las denuncias.

Las informaciones provocaron también la reacción de los partidos dentro de Sumar, como Más Madrid o Compromís, que presentaron preguntas por escrito y reclamaron investigaciones y asunción de responsabilidades. Interior eludió esas peticiones y rechazó que tuviera constancia de quejas concretas sobre esta materia en el centro de Madrid.
Por su parte, la derecha también ha puesto el foco crítico con Marlaska de manera reiterada aunque con hincapié en asuntos diferentes que comenzaron, por ejemplo, con la destitución del jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Madrid, Diego Pérez de los Cobos.

El Congreso ha reprobado al ministro en un par de ocasiones. A iniciativa de PP y Vox, y gracias a la abstención de Junts y Podemos, lo hizo en febrero de 2024 tras la muerte de dos guardias civiles arrollados por una narcolancha en Barbate (Cádiz). En febrero de 2023 la Cámara Baja también lo reprobó por lo sucedido el año anterior en la valla de Melilla. En esta ocasión, también impulsada por los populares, la iniciativa recibió el respaldo de Vox, Ciudadanos, ERC, Junts y el BNG. PNV y EH Bildu se abstuvieron.

Miguel Muñoz

Periodista. Comenzó su carrera en la prensa de Albacete. Se especializó en Información Internacional y trabajó en La Nación en Costa Rica. En 2014 empezó a cubrir Política y Sociedad en Cuartopoder. Trabajó en comunicación política institucional. Desde 2021 forma parte de la sección de Política de Público, cubriendo información del PSOE y Moncloa.