MADRID – El drama de la inmigración ilegal va a ser, con permiso del
«proceso de paz» con ETA, el asunto estrella del comienzo del curso
político. El goteo de cayucos no cesa y el Gobierno, desbordado sigue sin
dar con la clave para detenerlo. Por eso ayer el ministro del Interior,
Alfredo Pérez Rubalcaba, reconoció durante su esperada comparecencia en el
Congreso que el Ejecutivo «no desea» hacerle frente solo e hizo un
llamamiento para conseguir la ayuda «de todos» – partidos,
administraciones, ayuntamientos y comunidades – en la ardua tarea de
detener la entrada de «sin papeles». Además, admitió que está planteándose
la posibilidad de «cambiar algunas cosas en la estructura» de su
Ministerio, «que probablemente no está adecuada a este reto, porque es
verdad que los temas de inmigración tienen un peso cada vez más
importante» en el Departamento.
   El discurso con el que
Rubalcaba se presentó ante los diputados de la Comisión de Interior
combinó las referencias pedagógicas para «comprender» el fenómeno de la
inmigración con un resumen de las medidas adoptadas por el Ejecutivo en
los últimos meses. Teniendo en cuenta que su compañero de Gabinete Jesús
Caldera – que también pasará por la Cámara Baja la próxima semana – le
«pisó» el pasado miércoles las cifras sobre traslados de «sin papeles» a
la Península, el titular de Interior apenas pudo aportar como dato
novedoso el de los casi 53.000 «sin papeles» repatriados en lo que va de
año, pero a cambio dejó una frase tan lapidaria como preocupante: «No es
presumible que la presión migratoria baje en Canarias en los próximos
tiempos».
   El PP, por su parte, cargó con dureza contra
Rubalcaba, al que reprochó entre otras cosas su «patética» capacidad de
gestión durante la crisis, mientras que el resto criticó en mayor o menor
medida algunos aspectos de lo hecho por el Ejecutivo para contener la
oleada de embarcaciones y abundó en la necesidad de un pacto de Estado que
el grupo parlamentario socialista sigue mirando con buenos ojos.
   Durante su intervención, el ministro reconoció que el de la inmigración
«es el reto más complejo que nuestro país tiene por delante», pero antes
de plantear nuevas soluciones quiso echar un completo vistazo a las
medidas adoptadas durante el verano por el Gobierno de Zapatero para
lidiar con él.
   «La edad de la inmigración»
   Tras teorizar sobre las «nuevas pautas» del fenómeno y calificar el siglo
XXI como «la edad de la inmigración, Rubalcaba resumió los esfuerzos del
Gobierno en tres apartados muy gráficos: «Conseguir que los inmigrantes no
tengan que salir de sus países de manera ilegal, intentar detenerles
durante el trayecto si consiguen salir y repatriar a los que de todas
maneras entran». Las medidas del primer capítulo, «a medio y largo plazo»,
pasan por los 400 millones en créditos concedidos por España dentro del
Plan África, la aplicación de los acuerdos de la reciente Conferencia de
Rabat y el control de las fronteras de los países de origen «en
colaboración con la UE» gracias a las patrulleras y helicópteros que
trabajan con Mauritania o Senegal.
   Esos mismo medios de control
sirven, según Rubalcaba, para intentar detener a los «sin papeles» durante
su desesperado viaje rumbo a Canarias o las costas andaluzas. en este
sentido, alabó la «buena cooperación» con Marruecos y apostó por
intensificar las operaciones conjuntas con Mauritania y Senegal.
   Respecto a los que llegan, el objetivo del Gobierno es «acogerlos,
identificarlos y repatriarlos», y para conseguirlo Rubalcaba mencionó los
2.239 policías nacionales que vigilan las fronteras, el refuerzo de los
centros de internamiento o los 52.757 repatriados «en todas las
modalidades: retornos, readmisiones, expulsiones y devoluciones». Según el
titular de Interior, la situación en el Estrecho «está razonablemente
controlada: lo intentan menos, entran menos y repatriamos a todos».
   Canarias, «mucho peor»
   ¿Y Canarias? «Está
mucho peor», reconoció Rubalcaba, que aludió a las dificultades de
repatriación de muchos subsaharianos y, especialmente, de los menores que
se aventuran en los cayucos. «Necesitamos a los inmigrantes, pero no
podemos acoger a todos los que quieren venir», argumentó el ministro, que
se mostró dispuesto a estudiar todas las sugerencias.
   Escuchadas las razones de Rubalcaba, la portavoz del PP, Ana Torme,
demostró que los populares se van a emplear a fondo en este asunto y
convirtió su intervención en un alegato sin piedad contra su labor en
Interior: «caos» en inmigración, gestión «patética», política «suicida»…
En su opinión, Rubalcaba sólo se dedica «a la negociación con ETA y a
liberar al «delincuente» Rafael Vera. Respecto a la crisis migratoria,
Torme volvió a situar la raíz del problema en la «locura» de la
regularización masiva, exigió actuaciones y datos concretos e incluso
llegó a recomendarle que dimita si no es capaz de controlar el «monstruo»
migratorio que ha creado el Gobierno.
   Por su parte, Paulino Rivero
(CC) advirtió de que en África hay 100.000 personas dispuestas a dar el
salto y 15.000 cayucos en venta por 5.500 euros cada uno para las mafias»
y reclamó la creación de un Ministerio de Inmigración. Carles Campuzano
(CiU) respaldó ese hipotético ministerio, mientras que Agustí Cerdá (ERC)
mostró la disposición de los republicanos a apoyar un pacto de Estado pese
a la «improvisación» del Gobierno.