Granada – La costa de Granada registró en la madrugada de ayer una
avalancha sin precedentes de menores inmigrantes interceptados en una
patera localizada a tres millas al sur de Castell de Ferro. En un
principio se barajó la posibilidad de que de los 38 ocupantes unos 23
tuvieran menos de 18 años de edad, e incluso alguno sólo contaba con
apenas 7 años. Posteriormente, el resultado de las pruebas oseométricas
determinó que el número exacto de menores era 16, ya que el aspecto
juvenil de varios ilegales hizo dudar a los efectivos de Cruz Roja y
Policía Nacional si superaban o no la mayoría de edad. Al parecer, el
resto mintió para tratar de evitar la repatriación.
   Respuesta de la Junta
   Junto a este contingente,
agentes de la Guardia Civil de Adra (Almería) localizaron otros 15
inmigrantes en una playa de Guardias Viejas, entre ellos, dos menores de
nacionalidad palestina. Esta nueva oleada de inmigración infantil y
juvenil provocó que la Junta de Andalucía, a través de la dirección
general de la Consejería de Igualdad y Bienestar Social, activase un plan
de emergencia para reubicar a los menores ante la situación de colapso y
desbordamiento que registran los dos centro de acogida que existen en
Granada.
   En este sentido, la delegada provincial de Bienestar
Social, Elvira Ramón, aseguró ayer que el Ejecutivo autonómico derivará a
la mayoría de los menores llegados a Motril a otras provincias, ya que las
instalaciones de Granada están al límite de su capacidad.
«Desgraciadamente Granada se ha convertido en la puerta de entrada en los
últimos tiempos», lamentó Ramón, quien en un ejercicio de sinceridad
política reconoció que «nuestros centros empiezan a tener problemas,
aunque de momento se mantenga un buen tono».
   La semana pasada,
los dos centros de acogida inmediata de los que dispone la provincia
granadina, el Ángel Ganivet y el Bermúdez de Castro, ambos en la capital,
completaron sus plazas al serles derivados otros cinco menores más. Pese a
la normalidad oficial que se intenta transmitir, lo cierto es que el
pasado lunes trascendía que el Juzgado de Menores número 1 de Granada
acordó recientemente enviar a un centro de internamiento a tres jovenes
magrebíes acusados de maltratar con agresiones, amenazas y constantes
insultos tanto a sus monitores como al resto de compañeros. Dos de ellos
ya habían sido procesados por hechos parecidos con anterioridad.
   Por lo que se refiere a la embarcación de ayer, (la tercera que arriba
al litoral granadino en menos de siete días), fue localizada por las
cámaras del Servicio Integral de Vigilancia Exterior (SIVE) a las cuatro
de la madrugada a seis millas de la costa, e interceptada por la
embarcación del servicio marítimo de la Guardia Civil «Salvamar MirFark»
una hora más tarde. Los inmigrantes presentaban en general buen estado y
recibieron una primera asistencia alimenticia y sanitaria por parte de los
voluntarios de Cruz Roja.
   Precisamente algunos efectivos de Cruz
Roja y Protección Civil en el puerto motrileño señalaron a varios medios
que muchos de estos menores portaban teléfonos móviles, una prueba de que
una vez llegados a nuestro país los utilizan para contactar con sus
familias, que conocen que la legislación española impide que puedan ser
repatriados. Sin embargo, según explicó la delegada Elvira Ramón, el
problema de su repatriación «es que vienen indocumentados y cuesta
contactar con sus padres». A principios de este verano la propia consejera
de Igualdad y Bienestar Social de la Junta de Andalucía, Micaela Navarro
reconocía por primera vez que quizás haya que introducir cambios en una
legislación que pese a sus buenas intenciones puede estar originando
efectos contrarios a los deseados. En las últimas semanas, organizaciones
humanitarias y distintos colectivos sociales están criticando duramente la
política del Gobierno respecto a la atención que reciben los contingentes
de inmigrantes que llegan a España a través de las costas andaluzas.