La consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid, Ana Dávila, constató este domingo que la región tiene una situación “absolutamente tensionada” de “sobreocupación” en los centros de menores inmigrantes no acompañados, que alcanza el 132% de su capacidad, “habiendo llegado en algunos momentos hasta el 150%”
Durante una entrevista en Servimedia, la consejera señaló que desde el Gobierno regional llevan advirtiendo más de un año sobre esta situación ante el incremento de “llegadas sin planificar y sin coordinar” por parte del Gobierno central, con esa “política temeraria” donde “no sabemos cuántos entran ni por dónde entran”.
La responsable de Familia, Juventud y Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid recordó que el “control de entradas es competencia del Gobierno de España” y que el Gobierno regional lo que ha hecho es “incorporar nuevas plazas para poder atender a esos menores”.

Dávila defendió que el Ejecutivo madrileño ha ofrecido “los datos reales, no hemos manipulado ningún dato”. Así, “lo que nos ha pedido el Gobierno es lo que le hemos trasladado y lo que nos pide a través de ese real decreto ley, y que luego nos ha pedido a través de un correo electrónico, es el número de menores atendidos a lo largo de 2024, que son 2.442 en la Comunidad de Madrid”.

Además, apuntó que el Gobierno de España también demandó los datos de la ocupación en estos centros. “Estamos en un 132% de ocupación, pero hemos pasado por diferentes fases muy complicadas”, donde “hemos llegado en muchas etapas al 150% de sobreocupación”.

La consejera explicó que esta situación implica, en primer lugar, que la gestión “se complica mucho”, porque “pedimos en primera instancia al Gobierno que declarase la emergencia migratoria, que se ha negado a declarar, para todo el territorio nacional”, porque “todas las comunidades autónomas vivimos esta situación”. “Todas sin excepción, tenemos los centros tensionados”, aseveró.
En este sentido, comentó que esta situación, en primer lugar, “pone en riesgo el propio sistema de protección”, porque no se produce una llegada ordenada que tú puedas planificar". En segundo, porque el Gobierno también “está trasladando a mayores de edad que se hacen pasar por menores”, por lo que “le hemos exigido que solo traslade al sistema público de protección a menores con certificación de la minoría de edad, cosa que tampoco hace, y eso pone en riesgo a los propios menores de los centros”.

En tercer lugar, habló de los propios profesionales, que “se encuentran tensionados”, porque “los perfiles que están llegando son cada vez más víctimas y rehenes de las mafias” y también “con unos consumos de droga muchísimo más graves”.