Ya resulta indiscutible que Junts y Aliança Catalana compiten por el mismo electorado, a pesar de los esfuerzos de Carles Puigdemont por desvincularse ideológicamente de la formación ultra de sesgo xenófobo que preside la alcaldesa de la localidad gerundense de Ripoll, Sílvia Orriols, y que en las últimas elecciones catalanas consiguió entrar por primera vez en el Parlament con dos diputados.

Las evidencias se amontonan en el último barómetro del Centro de Estudios de Opinión (CEO). Y no únicamente porque el ente demoscópico dependiente de la Generalitat señale que Aliança crecería hasta los diez parlamentarios de celebrarse ahora unas nuevas autonómicas y que, en paralelo, Junts descendería de los 35 a los 29 escaños.

El sondeo acredita que ya existe un trasvase fluido de votantes entre los dos partidos independentistas, a los que el ciudadano sitúa en la derecha nacionalista. Señala el CIS catalán que hasta el 9% de los electores de Junts respaldaría a Aliança en unos eventuales comicios al Parlament. Tomando como referencia el resultado de los neoconvergentes en las elecciones del pasado 12 de mayo, hasta 60.700 de los 674.896 votantes que respaldaron a la formación heredera de Convergència se decantarían ahora por la marca separatista de nuevo cuño que abandera Orriols, a pesar de que el 74% mantendría su voto.

Aliança puede alardear de una fidelidad electoral incluso mayor. El 86% de sus votantes volvería a apoyarlos. Pero un 10% de los 118.302 que captó en 2024 unos 11.800 saltaría a Junts, según el CEO. En la práctica, este trasvase de voto bidireccional evidencia que las dos formaciones cuentan con un importante electorado fronterizo. Lo que explica el endurecimiento del discurso migratorio de Junts para evitar una fuga masiva de sus seguidores hacia las pujantes siglas de Orriols, quien fundó en 2020 un partido basado en postulados etnicistas e islamófobos y en 2023 logró convertirse en la alcaldesa de Ripoll, la localidad en la que se gestó la célula yihadista que en 2017 perpetró los atentados del 17-A en Barcelona y la población tarraconense de Cambrils.

Se da la circunstancia añadida de que, según el CIS catalán, el 46% de votantes de Aliança Catalana tiene como segunda opción de voto Junts. Mientras que el 15% de votantes de Junts manifiesta que su plan B sería Aliança Catalana, en el supuesto de tener que escoger otra papeleta.

La primera edil de Ripoll y el ex presidente de la Generalitat cuentan, además, con un «índice de aprobación» prácticamente idéntico, a tenor de los resultados de la encuesta de la Generalitat. El de Puigdemont es del 36% y el de Orriols del 35%; si bien el grado de conocimiento del líder de los neoconvergentes es mucho mayor, pues es el dirigente catalán más reconocible para los ciudadanos: lo identifican el 98% de los encuestados, por el 56% que le pone cara a la jefa de filas de Aliança Catalana, quien, sin embargo, ya es la cuarta cabeza de lista más conocida por detrás de Puigdemont, el presidente de ERC, Oriol Junqueras, y el president socialista del Govern, Salvador Illa.

Competencias de inmigración
Esta acumulación de indicios se genera sobre un caldo de cultivo propicio, pues el barómetro del CEO defiende que la inmigración es ya el segundo problema para los catalanes. Así lo declara el 10% por el 23% que considera que su principal quebradero de cabeza es el acceso a la vivienda. Por contra, las «relaciones Cataluña-España» son la octava preocupación para los catalanes una vez finalizado el procés, lo que, seguramente, explique el afán de Junts por pactar con el PSOE la delegación de las competencias de inmigración para Cataluña antes que cualquier otra concesión más íntimamente ligada al credo soberanista.

Poder gestionar desde la Generalitat el flujo migratorio, controlar las fronteras y cursar expedientes de expulsión a extranjeros resulta una prioridad para Junts, que quiere imponer unas condiciones diferenciadas a los inmigrantes a través del desarrollo de una ley de extranjería propia aprobada en el Parlament y que reflejaría como requisito irrenunciable para obtener el permiso de residencia en la comunidad autónoma el conocimiento de la lengua catalana. «Sin integración no hay nación», repiten incesantemente Puigdemont y el secretario general de Junts, Jordi Turull, desde que a inicios de mes acordaron con Pedro Sánchez la delegación competencial «integral».

Hace dos semanas redondearían su logro pactando con el Gobierno una repartición de los menores migrantes que se hacinaban en Canarias muy beneficiosa para Cataluña, que sólo acogerá entre 20 y 30 por los más de 400 que irán a parar a la Comunidad de Madrid, según Junts. El decreto de reparto se aprobó el pasado jueves en el Congreso aún sin conocer la cifra exacta de menores para cada comunidad.

«Queremos ganarles en las urnas», alegó Turull cuando en febrero Junts decidió en el último momento no coaligarse con ERC y el PSC para aprobar una moción de censura contra Orriols que hubiera otorgado a una concejal neoconvergente la Alcaldía. El pavor a que la líder de Aliança Catalana entonara un discurso victimista y que eso la catapultara todavía más en los sondeos primó y Junts sigue volcada en frenar a su nueva némesis con un discurso antiinmigración que también asume Vox, al que el CIS catalán concede entre 10 y 12 diputados y advierte de que un 4% de sus votantes se iría a Aliança Catalana y un 2% a Junts.