La denuncia sobre la gestión, costeada con dinero público, de los pisos en los que residen jóvenes ex tutelados por la Administración andaluza ha desatado un terremoto con réplicas en los juzgados, la Fiscalía, la Inspección de Trabajo, el Parlamento andaluz y la Junta de Andalucía. Un juzgado de Sevilla está investigando la denuncia presentada por el grupo parlamentario de Por Andalucía (la marca andaluza que une a IU, Sumar y Podemos) contra la Asociación por la Formación Profesional Integral y Social de la Persona (Inserta Andalucía) por presuntas graves irregularidades en la gestión de estos pisos.

De forma paralela, la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, que dirige Loles López, ha ordenado la apertura de dos expedientes sancionadores a la ONG Inserta por deficiencias en la atención que está prestando en sus pisos de Málaga y Granada. Esta actuación se produjo tras la investigación llevada a cabo por los profesionales de la Inspección de Servicios la Administración andaluza, que llegó a entrevistarse con trabajadores de la ONG y residentes en las viviendas costeadas con dinero público. Actualmente, ambos expedientes se encuentran abiertos y en fase de alegaciones, según confirmaron a este diario fuentes de la Junta y de la entidad Inserta.

Entre las irregularidades detectadas figura la falta de alimentos básicos para los jóvenes que residen en estos pisos, a pesar de que, en teoría, la Administración transfiere fondos a Inserta para que los adquiera. Un ex trabajador que prefiere mantenerse en el anonimato para evitar represalias ha relatado a este diario que sufrieron la escasez de alimentos durante meses. Normalmente, a los pisos llegaba una compra mensual con productos no perecederos y de limpieza, que se completaba con otra semanal de alimentos frescos.

Según el ex trabajador, hubo retrasos constantes con los envíos de comida y empezaron a llegar menos productos de los que habían pedido e incluso en mal estado o con fechas cercanas a su caducidad. Tal fue la escasez de alimentos que hubo jóvenes que acudieron a comedores sociales porque en los pisos en los que residían no llegaba lo suficiente. Este empleado dio cuenta de todo ello tanto a los responsables de Inserta como a los de la Junta. Pero las deficiencias no se solventaron, según su relato.

Inserta Andalucía gestiona con fondos de la Junta pisos en los que residen jóvenes que, cuando eran menores de edad, estaban tutelados por la Administración andaluza. Al llegar a la mayoría de edad, pasan a estas residencias con la supervisión de los técnicos de entidad, que paga la comida y todo lo necesario para la estancia en estos pisos. Entre los residentes hay jóvenes inmigrantes. Pero también hay programas destinados a jóvenes ex tutelados que no son inmigrantes. Actualmente, Inserta atiende a unos 200 ex tutelados en toda Andalucía, según fuentes de la entidad.

La entidad Inserta niega las irregularidades que le achaca Por Andalucía

El programa de la Junta al que se adscriben los pisos para jóvenes ex tutelados se denomina «plazas de inserción laboral y social de jóvenes inmigrantes». En Granada cuentan con 48 plazas en pisos que incluyen «servicios de asistencia social con alojamiento». Su presupuesto es de 1.260.073,59 euros para dos años. En Málaga hay 42 plazas que cuestan 1.104.772,55 euros en dos años. No son los únicos programas ni las únicas provincias en las que interviene Inserta.

Las fuentes oficiales de esta entidad negaron que la falta de comida o los retrasos con los pedidos ocurrieran de forma sistemática, si bien admitieron que hubo algún «problema puntual», que se resolvió favorablemente. Alegaron que cuentan con una plantilla de unos 500 empleados y con trayectoria de más de veinte años trabajando con distintas administraciones: desde la Junta hasta diputaciones, ayuntamientos y el Gobierno central.

Además, remarcaron que cuentan con recursos repartidos por toda Andalucía que reciben inspecciones, tanto internas como externas, de manera periódica y nunca han tenido ningún problema. Sobre los expedientes sancionadores abiertos por la Junta, confían en que se resuelvan de forma favorable para la entidad, tras las alegaciones que están presentando.

Denuncian que la ONG ha cobrado por lo mismo «tres y cuatro veces»

Para esta ONG, el detonante de todo son las denuncias de un antiguo trabajador al que llevaron al juzgado por apropiarse de unos 9.000 euros, un asunto que está investigando judicialmente en Málaga.

Precisamente también en Málaga, la Fiscalía abrió una investigación por la falta de comida y las irregularidades en los pisos para jóvenes ex tutelados, pero la archivó de manera provisional, a la espera de un informe que debe elaborar la Inspección de Trabajo.

Mientras, la polémica sobre la gestión en estas residencias ha llegado también al Parlamento andaluz. El 9 de abril, la portavoz parlamentaria de Por Andalucía y miembro de IU, Inmaculada Nieto, denunció en el pleno que se ha «malversado» dinero público, presuntamente, con las adjudicaciones de la Junta a Inserta, «una empresa camuflada de ONG», que tras hacerse con los contratos públicos, «no cumplía» con lo estipulado en los pliegos y, por ejemplo, destinaba menos personal a los pisos tutelados.

La denuncia de Por Andalucía que está investigando el juzgado describe cómo Inserta «inflaba» sus ofertas ante la administración, ofreciendo empleados que trabajaban en un servicio, pero figuraban en distintos pliegos como personal adscrito al 100% en distintos servicios licitados. De esta forma, «falseaban» los expedientes de contratación. Sin embargo, Inserta lo niega.

Otra irregularidad que destapó la diputada de Por Andalucía en el pleno del Parlamento andaluz es que Inserta ha cobrado dinero público «por lo mismo tres y cuatro veces», ya que han usado el mismo piso de jóvenes ex tutelados para solicitar ayudas que, en teoría, son incompatibles. De esta forma, habrían obtenido dinero de la Consejería de Inclusión Social, para el programa de jóvenes inmigrantes, y también de la Consejería de Fomento para el alquiler. Inserta negó que se hayan solapado ayudas en los recursos que ellos gestionan. Por Andalucía piensa llevar este asunto también al juzgado.