CRUZ MORCILLO

MADRID. El Gobierno abandonó ayer el discurso a caballo entre el triunfalismo y la ocultación de datos que lleva meses manteniendo con respecto a la avalancha de inmigrantes – revitalizado el día anterior por el ministro de Trabajo, Jesús Caldera – y admitió, por primera vez, la magnitud del fenómeno, que irá a más. Los datos hablan por sí mismos. Hasta el martes habían llegado a Canarias 19.035 inmigrantes frente a los 2.329 del año pasado en las mismas fechas, es decir se han multiplicado por nueve. Otros 4.329 clandestinos han atravesado ya el Estrecho.

«No es previsible que la presión migratoria baje en los próximos tiempos», admitió el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba en el Congreso, después de desgranar las medidas adoptadas – tanto las cumplidas como las que aún son meras promesas – y antes de reconocer, de forma tácita, la «soledad» del momento.

El Gobierno tiende la mano

«El Gobierno no desea hacer frente solo al reto más importante que nuestro país tiene por delante» – afirmó – y tendió la mano a los ayuntamientos, las comunidades autónomas, los grupos parlamentarios y la UE. Y lanzó otro mensaje del que algunos se habían olvidado o habían camuflado bajo supuestos ropajes humanitarios: «No podemos permitir que entren cuantos inmigrantes quieran».

La autocomplacencia exhibida una y otra vez por el Ejecutivo a lo largo de este verano de oleadas de cayucos y dramas continuos no apareció ayer en los labios de Rubalcaba, que prescindió asimismo de las críticas a Europa reiteradas por otros miembros del Gobierno y prefirió apelar a un concepto utilitarista (recordó que nuestro país en ocasiones es sólo un territorio de tránsito). «España no puede enfrentarse en solitario a la presión migratoria proveniente de África. La implicación de la UE en el control de fronteras es necesaria y esencial».

Desde el minuto uno y antes de que los grupos parlamentarios recuperaran el hálito postvacaciones, el titular de Interior dejó claro que el origen de su comparecencia era la llegada de «una importante oleada de embarcaciones», enmarcada en lo que denominó «la edad de la inmigración» que ha afectado de forma «especialmente brusca» a España. Tan brusca que, subrayó el ministro, «es uno de los grandes problemas de futuro del país» (el otro es ocupación de Narbona).

Quizá por el carácter extraordinario de la Comisión de Interior, quizá porque negociar con Gobiernos como el de Mauritania o Senegal lima durezas – «en esos países a veces cuesta encontrar interlocutores», llegó a decir Rubalcaba – el tono del ministro resultó inusualmente conciliador, salvo reproches puntuales al PP. Reconoció sin peros el «importante retraso y las debilidades» de la operación de Frontex (agencia europea de control de fronteras), que «he sufrido en carne propia». Admitió las dificultades con las que se está encontrando el Ejecutivo para repatriar a los inmigrantes clandestinos, pese a las concesiones – esto consistió en un mero enunciado del material regalado a estos países y los equipos humanos enviados – , los «planes áfricas» y las giras relámpago, con acuerdos a golpe de teléfono o de fin de plazos, como pasó con Senegal.

La estrategia del ministro se basó en ofrecer una batería de datos hasta ahora «secuestrados» e intentó que los globales enterraran a los no favorables y a la disertación de guante blanco. Así, dijo que en lo que va de año se ha repatriado a 52.757 inmigrantes, pero no especificó de qué nacionalidades y unió en una sola cifra las dos modalidades más controvertidas (expulsiones y devoluciones). Ofreció la lista de países que sí han cumplido sus compromisos, pero eludió pormenorizar, pese a que ésta era una de las dudas de la mayoría de los grupos parlamentarios que criticaron la falta de previsión del Gobierno, el retraso en las medidas de control de fronteras y, cómo no, la ausencia de Caldera en la crisis de agosto. «Han creado un monstruo que no saben como detener», le espetó la diputada Ana Torme (PP) a Rubalcaba tras una intervención que no dejó títere con cabeza. El presidente de CC, Paulino Rivero, reprochó al Gobierno la actuación a golpe de titular de prensa y la carencias en la vigilancia de las fronteras.

«Tenemos que intentar que los inmigrantes no salgan de sus países; si salen, que no lleguen a España, es decir, interceptarlos en sus aguas territoriales, y si sabemos que llegan tratar de identificarlos, acogerlos y, por supuesto, si podemos, repatriarlos». Para el ministro y para el Gobierno esa es la esencia de las medidas de su política de inmigración – con la mayor oleada de cayucos que se ha producido jamás – junto a la referencia del Estrecho y la «colaboración de Marruecos». Ambos son ejemplo de sistema de control y disuasión, aseveró Rubalcaba.

El ministro se mostró especialmente molesto con las referencias a los muertos de los naufragios. «En nuestras aguas, no sólo jurisdiccionales, sino mucho más allá, no se muere nadie – dijo – porque tenemos medios y personal de Salvamento Marítimo y de la Guardia Civil que lo impiden. Las 25 víctimas de este verano llegaron a Canarias muertas». No habrá pacto de estado de inmigración, de momento, dado el «ambiente político» ni tampoco Ministerio específico. Tendremos que conformarnos con algunos cambios en la estructura del de Interior para adecuarlo al reto de la inmigración.
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