El Gobierno de coalición llegó este jueves al Congreso de los Diputados sin saber cuál iba a ser el voto del PP en la convalidación del Real Decreto-ley para el reparto entre comunidades de 4.400 menores inmigrantes no acompañados hacinados en Canarias y Ceuta. Tras meses de negociaciones a varias bandas, no se había logrado cerrar un acuerdo de mínimos que garantizara el apoyo del partido mayoritario a la reforma del artículo 35 de la Ley de Extranjería que hará obligatorio ese mecanismo de distribución. Finalmente, en la bancada popular optaron por situarse en el no junto a Vox.

La aprobación de esta medida estaba garantizada en todo caso después de que Moncloa hubiera rubricado un pacto bilateral previo con Junts en el que se ratificaba que uno de los criterios para establecer el número de personas que tendrán que ser acogidas en cada autonomía sea el del esfuerzo previo realizado en este sentido. En el partido Carles Puigdemont lo vendieron como un logro con el titular de que Cataluña recibirá entre 20 y 30 niños y adolescentes por los 700 de Madrid.

Ésta ha sido la espita que, según argumentan en el PP, hizo que en la dirección de Génova se decidiera votar en contra del decreto ya que entienden que Pedro Sánchez «ha vuelto a ceder al chantaje de los independentistas» permitiendo que se introduzcan «criterios injustos y arbitrarios» de reparto. «No tiene un pase», advierten en la formación de Alberto Núñez Feijóo, que cogobierna o gobierna en los territorios más afectados por el fenómeno migratorio.

En el Ejecutivo central interpretan que esta decisión es el «preludio» de que las comunidades con presidentes populares van a «dar la batalla» para intentar no acoger a menores, que «no están por la labor». De hecho, al menos seis de ellas Andalucía, Madrid, Galicia, Castilla y León, Aragón y Cantabria ya han anunciado que interpondrán recursos ante el Tribunal Constitucional para intentar paralizar su aplicación alegando que invade sus competencias.

«¿Van a poner facilidades? No. Pero tienen que cumplir la ley», advierten en fuentes socialistas del Ejecutivo, cuya intención es iniciar el reparto en verano. Desde el ala de Sumar argumentan además que «la sobreocupación es un indicador objetivo» para establecer el número de personas que recibirá cada región. «Más allá de las alianzas, la realidad es que Cataluña tiene el 25% de las plazas de acogida», remarcan.

El Ministerio de Juventud e Infancia ha convocado para el 28 de abril la Conferencia Sectorial en la que se comunicarán las cifras de reubicación de menores no acompañados por comunidades, a las que se les requirió que aportasen sus datos del último año. En el departamento de Sira Rego apuntan que, tras concluir el plazo, Aragón no les ha facilitado información actualizada mientras Madrid y Extremadura la han enviado de forma «genérica» en vez de con el grado de especificidad que se les había solicitado, como indicar el pico de máxima ocupación hasta el 31 de marzo.

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo (Coalición Canaria), que gobierna en coalición con el PP advirtió ayer que no va a admitir que «se utilicen tácticas dilatorias para poder garantizar los derechos de los menores». «Nosotros lo vamos a defender en los tribunales», agregó sobre la posibilidad de que su propio socio de coalición interponga finalmente recursos de inconstitucional para paralizar esta medida desde otras autonomías.

Previamente a que los populares desvelaran ayer el sentido de su voto, el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, había pedido a los de Alberto Núñez Feijóo «altura de miras». «Hay unas comunidades que por población han hecho más esfuerzo en atender a sus niños y niñas que otras. No se trata, como han lanzado algunos de manera oportunista, de que se haya tratado de beneficiar a unas comunidades sobre otras, en absoluto», argumentó durante su intervención.

Por su parte, el PP recriminó al Gobierno que haya accedido a que «Cataluña quede excluida de facto» del reparto y que hasta «se quieran enviar más a Melilla que a Cataluña». Según la diputada Ana Alós, «es lamentable» que hayan «utilizado a los menores, a los que dicen proteger, como moneda de cambio para obtener votos» y añadió que además es «un parche» porque se ha limitado «a repartir el problema sin abordar ni una sola de las causas».

Además de con Junts, el decreto fue convalidado con el apoyo del resto del bloque de investidura EH Bildu, PNV, ERC, Podemos y Coalición Canarias y la abstención de UPN. Vox, que volvió a defender que «cualquier persona que pretenda entrar ilegalmente en España debe ser repatriada de inmediato», mostró su rechazo «total y absolutamente» a esta medida que considera que es «otro paso más en el efecto llamada de la mano de las mafias que trafican».

En cuanto a la sentencia del Tribunal Supremo que exige al Ejecutivo central hacerse cargo de 1.000 menores no acompañados solicitantes de asilo, el Ministerio de Política Territorial finalmente envió ayer un escrito en el que indica que asume y respeta el auto tras haber retirado el recurso que planteó en un primer momento. Estos niños y adolescentes entrarían en el reparto de los más de 4.000 previsto inicialmente.

La de ayer fue la última intervención pública de Torres antes de someterse a una operación de un cáncer de próstata que él mismo anunció durante un acto público. Desde la tribuna del Congreso quiso agradecer públicamente los «mensajes de ánimo» que asegura ha recibido por parte de políticos de todos los partidos.