Cerca de las 15.30 horas de este jueves los ministros de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, y Juventud e Infancia, Sira Rego, se fundían en un emotivo abrazo en el Congreso de los Diputados. La Cámara Baja había aprobado, con los votos en contra de PP y Vox, el real decreto-ley impulsado por el Gobierno para la reubicación de los menores migrantes no acompañados en todas las comunidades autónomas del Estado.
La imagen de ambos ministros reflejaba el esfuerzo conjunto realizado desde hace más de un año. El Ejecutivo de Pedro Sánchez se ha fajado en diferentes y continuas negociaciones, especialmente con el presidente de las Islas Canarias Fernando Clavijo. La intención inicial del Gobierno era alcanzar un pacto con el PP, habida cuenta de su poder territorial porque son las comunidades autónomas quienes tendrán que aplicar la reforma estructural. Hubo un primer intento de aprobar una reforma del artículo 35 de la Ley de Extranjería para establecer como permanente un mecanismo de acogida en todas las comunidades. Pero en esa ocasión PP, Vox y Junts votaron en contra. La iniciativa estaba pactada con el Gobierno de Clavijo, de Coalición Canaria que forma coalición con los populares. A pesar de eso, la fuerza que lidera Alberto Núñez Feijóo no quiso pactar.
Las conversaciones continuaron y hubo encuentros con el PP para tratar de reconducir la reforma. Los populares encontraron en el mes de octubre una excusa, que en el Gobierno calificaron de falsa, para levantarse de la mesa de negociaciones. Desde Génova se justificaba su ruptura por una supuesta renuncia del Ejecutivo de Pedro Sánchez a pedir ayuda la UE en esta cuestión.
La situación hizo que entonces se comenzara a mirar a Junts. En un marco de negociaciones múltiples con la fuerza que lidera Carles Puigdemont se empezó a hablar de esta reforma. Para llegar a un acuerdo y garantizarse sus votos antes se tuvieron que desbloquear otras negociaciones pendientes como la del traspaso de competencias migratorias a Catalunya.
La fórmula escogida, la misma para todos los territorios, en el real decreto-ley atendía la petición de Junts de tener en cuenta los esfuerzos previos realizados por cada comunidad autónoma en la acogida de menores migrantes. Finalmente, el 18 de marzo se anunciaba el pacto y se aprobó en el Consejo de Ministros la reforma que ha llegado este jueves al Congreso. Siguientes pasos
Una vez aprobado el decreto, el siguiente paso es la convocatoria de una Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia como prevé la nueva ley y con presencia de todas las comunidades autónomas. Será el día 28 de abril, tal y como anunció Rego ante los medios. Para abordar, en la práctica, la reubicación de los menores, se necesitan los datos exactos de cuántos hay actualmente acogidos en cada comunidad autónoma. A partir de ahí se determinarán cuántos corresponden a cada territorio. Y el PP no se lo ha puesto fácil al Gobierno.
Rego denunció a principios de abril que varias comunidades del PP no habían aportado los datos necesarios. Concretamente habló de Aragón y la Comunidad de Madrid pero según fuentes gubernamentales hay alguna más. Lo reiteró la ministra este jueves en los pasillos del Congreso. “Vamos a hacer una propuesta con los datos que tenemos. Ha habido comunidades del Partido Popular que no nos han facilitado los datos de las plazas de acogida”. Una “actitud sorprendente” según Rego, porque más allá del real decreto-ley hay una “obligación de colaboración” con el Gobierno entre administraciones que “no se está cumpliendo”. Por todo ello, de momento en el Gobierno están manejando registros de datos propios.
De este modo, el Ejecutivo llevará una propuesta, que todavía se está trabajando, a las comunidades autónomas para que colaboren y partir de ahí se comenzará a trabajar. El Gobierno creó este martes un grupo de trabajo específico para ello. Estará presidido por Rego y lo conformarán las personas titulares de las subsecretarías de los ministerios de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación; Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes; Interior; Política Territorial y Memoria Democrática; Inclusión, Seguridad Social y Migraciones; y Juventud e Infancia.
El objetivo que se marcan es comenzar con el traslado a partir del verano, según destacó Rego. En esa fechas, apuntó la ministra, se podrían dan mejores condiciones. “Hay que habilitar estas plazas en todos los territorios pero poniendo en el centro los derechos de todos estos niños y niñas”, manifestó Rego. Tanto Torres como Rego han cargado en varias ocasiones contra el discurso del PP en este asunto. “Ha habido un despliegue de racismo extraordinario y un PP plegado a la estrategia racista de Vox”, manifestó la ministra de Juventud e Infancia.
Antes, el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática había apelado en el debate parlamentario a la “responsabilidad” del PP y a que demuestren ser “un partido de Estado”, especialmente a los diputados de Canarias, Ceuta y Melilla. “Saben lo importante que es dar una solución justa a esta crisis humanitaria”, señaló.
También Clavijo, que ha estado presente en el Congreso, ha valorado de manera negativa la actitud de los populares. “Ha habido discursos hoy aquí que son cuanto menos desagradables”, señaló. Además ha puesto encima de la mesa el papel del PP de Canarias, sus socios en el Gobierno. “Se ha manifestado en todo momento leal a este acuerdo y su presidente, que es vicepresidente del Gobierno de Canarias, ha trabajado en pro de conseguir este acuerdo. Creo que no tiene que ser un buen día para él, pero de la lealtad y del trabajo que se ha hecho no tengo ninguna queja”, destacó.