Tras 19 meses de negociaciones que no han decaído por el empeño del presidente de Canarias, Fernando Clavijo, el tortuoso camino para establecer una distribución obligatoria de menores inmigrantes entre comunidades autónomas en caso de saturación ha llegado a buen puerto. El Congreso de los Diputados ha avalado este jueves, con los votos en contra del Partido Popular y Vox, la modificación del artículo 35 de la Ley de Extranjería que permitirá, como inminente prioridad, trasladar a unos 4.000 niños y adolescentes que llegaron en cayuco sin amparo familiar a las islas Canarias —y otros 400 que entraron irregularmente a Ceuta—, pese a que algunas regiones, gobernadas por la derecha, amenazan con no ponerlo fácil a través de una cascada de recursos.