Política

El Gobierno andaluz presentará un recurso ante el Constitucional contra el reparto de menores inmigrantes negociado con Junts

Considera que lo aprobado por el Gobierno de Pedro Sánchez invade competencias de Andalucía y establece un sistema desigual entre las comunidades autónomas

El Mundo, Teresa López Pavón Sevilla , 10-04-2025

El Gobierno de Juanma Moreno presentará un recurso ante el Tribunal Constitucional contra el decreto aprobado por el Ejecutivo central en el que se fijó la fórmula de reparto de los menores inmigrantes que han llegado a Canarias y colapsado sus servicios de acogida. Esta posibilidad ya se anunció cuando se conocieron las condiciones de ese reparto, incluidas en el decreto de 18 de marzo y pactadas previamente con Junts, pero este miércoles el Consejo de Gobierno de la Junta ha instado formalmente a la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad a iniciar los trámites necesarios para materializar el recurso.

Según ha explicado la portavoz del Gobierno andaluz, Carolina España, la distribución acordada por el Ejecutivo de Pedro Sánchez invade las competencias de las comunidades autónomas, trata a las comunidades de forma desigual y no incluye los recursos necesarios para realizar la atención de los menores en condiciones dignas.

Andalucía viene exigiendo al Gobierno financiación para poder ampliar los recursos disponibles y, aunque no ha hecho los cálculos del coste que puede suponer asumir las condiciones del reparto regulado en el decreto, ha explicado que para atender a los 600 menores migrantes que llegaron como adultos en los contingentes desplazados desde Canarias se han tenido que movilizar recursos por valor de 17 millones de euros.

La Junta acusa también al Gobierno de “una deslealtad absoluta” por haber acordado con Junts la fórmula de reparto ignorando a las comunidades autónomas, que tan sólo unas horas antes se habían reunido en una conferencia sectorial con la ministra responsable. En esa reunión no se informó del pacto que se haría público el día después.

Según la fórmula diseñada por el Gobierno, a Andalucía le correspondería recibir en torno a 800 menores, mientras que Cataluña sólo recibiría 26. El Gobierno andaluz no se ha planteado en ningún caso dejar de cumplir con las obligaciones que le impone el decreto pero anuncia que sus servicios jurídicos estudiarán si se ha producido una invasión de competencias y un incumplimiento de la Constitución y del Estatuto de Autonomía de Andalucía.

El Gobierno andaluz basará, por tanto, su recurso en la defensa de la “independencia competencial de Andalucía y la igualdad de trato entre comunidades autónomas”, poniendo el acento, en “la dignidad de las personas”, para que estos menores no sean tratados como mercancías. “Para el Gobierno andaluz, el reparto no puede ser impuesto y sin financiación adecuada para Andalucía, que, como cabe recordar, deja de percibir al año 1.500 millones de euros por la infrafinanciación del Gobierno de España en base al actual modelo de financiación de las comunidades autónomas”, ha explicado.

A raíz de este conflicto, el Gobierno preguntó a las comunidades por el estado en que se encuentran sus servicios y la Junta respondió que, actualmente, los recursos de acogida están al límite de su capacidad, concretamente al 96 por ciento. La portavoz, que también es responsable de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, ha apuntado hoy en este sentido que una distribución forzada y que no vaya acompañada de los recursos necesarios podría “reventar” el sistema por “colapso”.

“A la Junta solo le importa confrontar”
El delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, por u lado, considera que el recurso de la Junta sólo persigue “confrontar”. Fernández ha defendido que el Gobierno “está actuando ante una situación humanitaria que requiere de la máxima celeridad para atender a niños y niñas que viajan solos”.

Ha explicado que la fórmula de reparto responde a “criterios objetivos” y ha recordado que se ha creado un grupo de trabajo en el seno de la Comisión de Migración, que es el que desarrollará la atención solidaria de los niños en las comunidades.

“Con el recurso que se propone interponer la Junta de Andalucía está demostrando ser un brazo político de oposición permanente al gobierno de España. No le importan las soluciones, solo confrontar el no por el no a pesar de que no haya motivos, como en este caso”, ha añadido.

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