El Gobierno de España esperará a que se convalide hoy el Real Decreto-ley por el que se modifica el artículo 35 de la Ley de Extranjería, lo que permitirá el reparto de menores migrantes no acompañados entre todas las comunidades, para informar al Tribunal Supremo (TS) de las medidas que ha tomado con respecto a acabar con el «hacinamiento» de los 1.008 menores que han pedido asilo político o están en el proceso.

El plazo para que el Estado informe al Supremo acaba este jueves, y para el Ejecutivo aprobar en el Congreso de los Diputados este cambio sería la mejor forma de demostrar al Alto Tribunal que se está dando respuesta al auto de medidas cautelares positivas que emitió el pasado 26 de marzo. Por eso, lo «importante» para el Gobierno es sacar adelante la convalidación del Real Decreto.

No en vano, se trata de un nuevo texto que llega a la Cámara Baja nueve meses después de que el primero que se presentó no saliera adelante por falta de apoyo parlamentario. Fue a principios de julio de 2024 cuando el PSOE, Sumar y CC registraron una proposición de ley para la reforma de la Ley de Extranjería. A finales de ese mes se rechazó por 177 votos en contra, 171 a favor y 1 abstención-. En esa ocasión Junts, del que se espera hoy el ‘sí’, no dio su apoyo.

EN CONTEXTO
1.008 Son los menores migrantes no acompañados que han solicitado asilo y a los que afecta el auto del TS.

Nueve meses Es el tiempo que ha transcurrido desde que se rechazó por pirmera vez la reforma de la Ley de Extranjería.

Tres meses Es el tiempo que tiene el Gobierno para establecer un plan de contingencia una vez se apruebe el decreto.

Un año En base a ese plan se establece una periodo máximo de un año para concretar las reubicaciones necesarias.

Fuentes del Ejecutivo indicaron, además, que en contra de lo que afirmó este martes la consejera de Bienestar Social, Candelaria Delgado, sobre que tras la reunión de la pasada semana no habían tenido más contacto y que no se había convocado ninguna reunión técnica, sí se han producido y que todas las partes son conscientes de que los traslados de los menores migrantes no acompañados que tutela la Comunidad canaria (unos 4.500) no se van a producir de forma inmediata. Entre otras cosas, reiteran, porque se va a analizar «caso a caso» y en el procedimiento «hay que escuchar a los menores». Este «caso a caso» también se aplicará a los niños, niñas y adolescentes que han solicitado asilo y ya son refugiados o están en proceso de serlo.

Respuesta conjunta
«Nosotros estamos siempre colaborando porque lo que nos interesa es el bienestar superior del menor», afirmó este miércoles Candelaria Delgado. La consejera subrayó en declaraciones a los medios de comunicación que se deben sentar las bases para proporcionar al Tribunal Supremo una comunicación conjunta sobre el desarrollo del protocolo. «Estamos esperando que el Estado nos remita y nos diga cómo se concretará esa colaboración, porque la idea es contestar conjuntamente al auto del Supremo», agregó.

Expectativas «positivas»
Con respecto a la convalidación del Real Decreto prevista para hoy, las expectativas son positivas. «Entendemos que el Gobierno del Estado español habrá hecho su tarea y se habrá asegurado de contar con los votos necesarios para convalidarlo».

Precisamente el martes, el portavoz del PSOE en la Cámara baja, Patxi López, afirmó que su partido tenía la «garantía» de que la convalidación del reparto de menores migrantes puede «salir adelante» en el Congreso.

Delgado también dijo que este cambio significará «un antes y un después en la gestión de los traslados de menores. Ya no debería haber ningún revés, como ocurrió en ocasiones anteriores. Una vez convalidado, podemos comenzar a implementar las medidas acordadas», dijo.

Una idea que no cuajó
Este jueves estará en el Congreso de los Diputados el presidente canario, Fernando Clavijo, y la consejera de Bienestar Social, Candelaria Delgado. También viaja a Madrid David Toledo, el secretario de Organización de Coalición Canaria (CC). La idea de que acudieran los portavoces de los grupos parlamentarios, que lanzó Clavijo en el Parlamento regional en abril, para mostrar la unión de los partidos canarios, no cuajó.

Grupo de trabajo
Cabe recordar que este martes la Comisión Interministerial de Inmigración aprobó la creación de un grupo de trabajo para el seguimiento y coordinación de la ejecución del Real Decreto que previsiblemente se aprobará hoy. Este grupo coordinará los trabajos y solicitará a las comunidades autónomas las cifras sobre los recursos disponibles y la ocupación de plazas por parte de niños, niñas y adolescentes migrantes no acompañados.

Según la norma que se convalidará hoy, el plan de respuesta solidaria ante la situación de contingencia migratoria extraordinaria para la infancia y adolescencia migrante no acompañada se aprobará en un plazo máximo de tres meses una vez que entre en vigor el decreto. Y para las reubicaciones que sean necesarias, el plazo máximo que se establece es de un año a partir de esa fecha.

Andalucía, la sexta comunidad gobernada por el PP que acude al Constitucional contra el cambio legal
Efe. El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía instó este miércoles a la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, a iniciar las actuaciones necesarias para interponer el recurso al Tribunal Constitucional (TC) contra el decreto sobre el reparto de migrantes menores a las comunidades autónomas.

La portavoz del Gobierno andaluz, Carolina España, anunció en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno la decisión del Ejecutivo andaluz de recurrir el Real Decreto-ley por el que se aprueban medidas urgentes para la garantía del interés superior de la infancia y la adolescencia ante situaciones de contingencias migratorias extraordinarias.

Se convierte así en la sexta comunidad donde gobierna el PP que acude al TC tras Madrid, Valencia, Aragón, Baleares y Cantabria.
El Gobierno andaluz considera un agravio el reparto de menores migrantes, así como que se invaden las competencias de las comunidades autónomas y el Ejecutivo central no aporta los fondos suficientes para poder atender a los menores, según ha apuntado la portavoz del Gobierno andaluz. Los fundamentos del recurso son la invasión de competencias por parte del Gobierno, según la consejera, quien ha añadido que la decisión adoptada este miércoles supone el «pistoletazo de salida» del recurso.