La vicepresidenta asume la interlocución con el Parlamento y contactará con todos los portavoces La vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega, convocará en las próximas semanas a todos los portavoces parlamentarios para buscar un pacto sobre inmigración.

Según fuentes del Gobierno, la intención de la número dos del Ejecutivo es explicar a los grupos por separado las gestiones para abordar la inmigración. Además, les expondrá el deseo de escuchar propuestas e ideas para abordar el problema. El objetivo, aseguran estas fuentes, es intentar sacar del debate partidario lo que se ha convertido ya en un asunto de Estado que afecta a varios departamentos, a comunidades autónomas y a ayuntamientos.

La vicepresidenta ha trabajado estos días para intentar lograr el mayor respaldo posible de la Unión Europea ,y considera que sería fundamental el apoyo de todos los partidos en esa negociación.

Según esa versión, los grupos parlamentarios pueden también presionar en la UE a través del Parlamento Europeo y las formaciones políticas de la Unión con las que mantienen relaciones por proximidad ideológica.

Los contactos de Fernández de la Vega se prolongarán durante el mes de septiembre, en paralelo con los representantes de las comunidades autónomas, que han de colaborar para acoger a los inmigrantes.

Zapatero considera prioritario el problema de la inmigración, más aún si se tiene en cuenta que la mayoría de medidas a adoptar tendrán frutos sólo a largo plazo. Por ejemplo, las que se refieren a la cooperación con los países africanos de origen de los inmigrantes para evitar que lleguen a salir los cayucos.

Además, la vicepresidenta contactará también con los portavoces para sacar adelante la llamada Ley de Memoria Histórica, cuyo proyecto se aprobó en julio en Consejo de Ministros. El objetivo es el de intentar asegurar que el texto sigue su trámite en el Parlamento, a expensas de las enmiendas que se puedan introducir en el Congreso y el Senado.

En este momento el proyecto de ley no tiene asegurado siquiera el primer escollo del debate de totalidad, puesto que sólo el PSOE acepta su tramitación. Esa votación podría producirse en octubre y tiene un importante valor simbólico y político para el Gobierno de Zapatero.

Los contactos de la vicepresidenta con los grupos parlamentarios sobre inmigración y sobre la Ley de Memoria Histórica podrían extenderse a otras leyes que se tramitan o que puedan enviarse al Parlamento en las próximas semanas. En la práctica supone que Fernández de la Vega asume también la labor de negociar con los grupos la estabilidad del Gobierno.