El Partido Popular invocó la huelga de El Prat, el tercer grado a Rafael Vera, la violencia sexista, la negociación con ETA, los incendios en Galicia o la seguridad del presidente del Gobierno para acusar el Ejecutivo en general de “irresponsable”, “patético” e “incompetente”, y al titular de Interior, en particular, de tener su ministerio “hecho unos zorros”. La diputada Ana Torme, acompañada de la dirigente de su partido Ana Pastor, aseguró que la avalancha migratoria ha creado “alarma social”.

Torme calificó a España de “coladero” de la inmigración, y acusó al Gobierno de hacer trampas para ocultar “el efecto llamada masivo” de su política migratoria. Para el PP, el Gobierno ha estado escondido, “engañando a los españoles” y “tomándolos por tontos”. La diputada llegó a decir esto: “Se han hallado casi 600 cadáveres, y, según las ONG, este año cerca de 3.000 seres humanos han muerto tratando de alcanzar la promesa de papeles que ustedes lanzaron”.

Los responsables de inmigración de las comunidades autónomas gobernadas por el PP se reunieron ayer en Madrid para consensuar medidas alternativas a las que está poniendo en marcha el Gobierno. Ana Pastor, secretaria de Política Social, explicó que su partido reclama al Ejecutivo que apruebe un decreto con medidas extraordinarias para atender a todos los inmigrantes irregulares que hay en España, que cifró en 1,5 millones de personas. El PSOE reprochó a este partido que nunca en sus años de gobierno pusiera en marcha esta medida que ahora reclama.

Además, Pastor instó al Ejecutivo a designar una sola persona para gestionar la crisis, repartida ahora entre Alfredo Pérez Rubalcaba, Jesús Caldera (ministro de Trabajo), la vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega, Consuelo Rumí, secretaria de Estado de Inmigración, o el propio director del CNI, Alberto Saiz. El PP solicitará la creación de una comisión mixta especial sobre inmigración y recomendará a la UE que designe a un nuevo comisario específico para este asunto. El secretario general del PP, Ángel Acebes, pidió el cese de Caldera por haber definido la llegada de cayucos como un “problema colateral”.