El Gobierno de España y el Ejecutivo canario han alcanzado este jueves un acuerdo para dar cumplimiento al fallo del Tribunal Supremo y organizar la derivación de 1.008 menores migrantes solicitantes de asilo desde Canarias a la red estatal de acogida. El pacto se cerró en una reunión interministerial celebrada en Tenerife, en la que participaron el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, y el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres. Ambos dirigentes coincidieron en la necesidad de analizar “caso a caso” cada situación, dada la diversidad de circunstancias que afectan a estos menores.

Procesos individualizado para cada menor

A la salida del encuentro, Torres subrayó que la sentencia del Supremo no establece si los menores deben permanecer en Canarias o ser trasladados a otras comunidades, sino que recalca su derecho a estar integrados dentro del sistema nacional de protección. “Lo que es imposible es que pasen, como si fueran una bolsa, de un lado a otro, 1.000 menores de la noche a la mañana”, explicó el ministro, insistiendo en que cada caso deberá ser evaluado individualmente. Por su parte, Clavijo hizo hincapié en que este proceso deberá regirse por “el interés superior del menor”, tal y como establece la legislación vigente y la propia sentencia del Tribunal Supremo. Además, alertó sobre la grave situación de hacinamiento en los centros de acogida de Canarias, donde actualmente residen cerca de 6.000 niños y adolescentes. “El Supremo lo deja claro: la saturación de los recursos en las islas está vulnerando los derechos de estos menores”, afirmó.

Una crisis migratoria que exige soluciones urgentes

La crisis migratoria ha puesto a prueba la capacidad de acogida de Canarias, convirtiéndola en uno de los principales puntos de entrada de menores no acompañados en Europa. La sobrecarga de los centros ha generado reiteradas peticiones por parte del Ejecutivo autonómico para una distribución más equitativa en el territorio nacional, apelando a la solidaridad interterritorial. Este acuerdo supone un paso adelante en la gestión de la emergencia, aunque su aplicación dependerá del análisis detallado de cada situación particular y de la coordinación con las comunidades autónomas que recibirán a estos menores.

Mientras tanto, Canarias sigue lidiando con una presión migratoria creciente, en un contexto que demanda respuestas estructurales y una mayor implicación por parte del Estado y la Unión Europea.