El alineamiento de Pedro Sánchez con Marruecos sobre el Sáhara desató la ruptura diplomática con Argelia en junio de 2022, hace casi ya tres años, y eso ha traído múltiples consecuencias tanto en el ámbito económico como en el de la seguridad, aunque recientemente hayan escenificado un cierre en falso de la crisis. En este sentido, según ha podido saber LA RAZÓN, Argelia tiene bloqueada la posibilidad de deportar a los argelinos que vulneren la ley en España y tengan abierto un expediente de expulsión Ahora mismo, los argelinos detenidos por los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado se acaban quedando en España pese a tener que ser deportados a su país. «Con los argelinos no se puede hacer nada en cuanto a expulsión porque no se expulsa a nadie por las relaciones con Argelia», señalan fuentes policiales a LA RAZÓN. «Lo único que podemos hacer es detenerles e incoar el expediente, pero no se puede materializar la expulsión», agregan las mismas fuentes. De hecho, si el detenido lleva la documentación encima, como mucho, en estos momentos, se puede pedir su internamiento en un Centro de Internamiento para Extranjeros (CIE). No obstante, los agentes policiales tan solo pueden llevarlos a un CIE y hacer una solicitud de internamiento ya que la última palabra siempre la tiene un juez. Sin aval judicial, los inmigrantes vuelven a salir a la calle a las 72 horas de haber sido internados por los agentes policiales.

En todo caso, no acaban siendo expulsados. «No se puede hacer nada», señalan las mismas fuentes. Esta situación está provocando indignación entre los cuerpos policiales (también locales) ya que se encuentran que su trabajo acaba siendo en vano porque se dan situaciones en las que detienen en varias ocasiones a la misma persona argelina.
En este sentido, cabe recordar que la expulsión de los inmigrantes depende del Gobierno ya que la Policía Nacional se encarga de iniciar y tramitar los expedientes y, luego, Moncloa (la Delegación del Gobierno en cada autonomía, concretamente) acaba autorizando la deportación. De hecho, desde la Comisaría General de Extranjería y Fronteras se encargan de tramitar la expulsión: se documenta a los extranjeros «para que todo esté en regla» y se hacen las gestiones con el país de procedencia para que «puedan ser recibidos», apuntan. «Pero muchas veces, aunque la Delegación del Gobierno autorice la expulsión y se lleva a cabo el vuelo con estos extranjeros que delinquen, el país al que se les lleva no los admite y España tiene que volver a traerlos de vuelta», explican, como ocurre ahora, por temas políticos ya que las relaciones diplomáticas están suspendidas con el país del Magreb.
De esta manera, toda la tramitación de expulsión queda en manos exclusivamente del Gobierno de Sánchez, sin necesidad de que intervenga ningún juez. La Justicia solo entra en liza cuando ha habido una pena condenatoria por medio: en este caso, parte del castigo penal se suele conmutar por la expulsión del país y eso lo decide un juez.

España siempre había conseguido mantener un equilibrio en las relaciones con Argelia y Marruecos, dos países enfrentados. Sin embargo, los giros diplomáticos de Sánchez han quebrado esa buena posición de España y ha traído problemas con Argelia y Marruecos.