Se estima que 7.000 personas viven en los asentamientos informales para temporeros en Almería y unas 5.000 en Huelva, en la actualidad. Como explica la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (Apdha), los asentamientos surgieron a principios de los años 80, de la mano de la agricultura intensiva en el sur de España, como soluciones temporales a alojamientos en albergues para trabajadores agrícolas durante las campañas de recogida de los cultivos. «Sin embargo, debido a la precariedad laboral, la falta de alternativas habitacionales y la ampliación de los periodos de campaña, estas infraestructuras improvisadas se convirtieron en residencias permanentes evolucionando en espacios de exclusión social que se han perpetuado en el tiempo», destaca la ONG. La Apdha ha elaborado un nuevo informe en el que analiza las consecuencias de la exclusión sobre las personas migrantes que viven en asentamientos en el sur de España, con especial atención a los perfiles más vulnerables. Para ello se realizaron diferentes entrevistas en asentamientos de Huelva y Almería, así como procesos de observación. En la provincia almeriense se analizó la situación de los temporeros en cuatro asentamientos: Don Domingo, El Hoyo, y la Fuente, en el municipio de Níjar; y Paraje la Cumbre y Loma del Viento en El Ejido. Según el análisis de la Apdha, las principales vulnerabilidades de los trabajadores en materia laboral son la sobrecarga de trabajo, la dificultad de acceso al trabajo estable, la falta de medidas de seguridad y el pago a los manijeros, las personas que arman las cuadrillas, entre otras. En lo que respecta al acceso a suministros básicos, según la ong todos los asentamientos analizados carecen de agua potable y corriente. Además, para tener electricidad, deben engancharse a la red general más cercana, con los riesgos que conlleva.

Por otro lado, el estudio también incluye el análisis de los asentamientos de San Jorge (Palos de la Frontera), Las Madres (Moguer), El Bosque, Santa Lucía y La Sevillana (Lucena del Puerto) y el municipio de Lepe. Como describe el estudio, cada año llegan a Huelva 14.000 personas migrantes contratadas bajo la orden de Gestión Colectiva de Contrataciones en Origen GECCO. La orden establece que con este tipo de contrato el empresariado está obligado a proveer un lugar de residencia digno y la tarjeta sanitaria. No obstante, «en cada campaña hay un déficit de entre 8.000 y 10.000 trabajadores», que los empresarios agrícolas cubren con los migrantes que viven en los asentamientos chabolistas. Estas personas, advierte la ONG, al no tener la documentación en regla «los convierte en mano de obra que acepta condiciones aún más precarias» y quedan a expensas de los que les quiera pagar el encargado de la finca «incumpliendo siempre el salario vigente en la temporada de 2024 establecido en 57,95 euros brutos diarios». A ello se suma la falta de acceso al empadronamiento, trámite esencial para regularizar su situación. Esto, apunta la Apdha, ha propiciado la proliferación de ventas de empadronamientos y contratos de trabajo para cumplir con los requisitos que se exigen para su regularización por arraigo.