El Gobierno cumplirá el requerimiento del Tribunal Supremo que le ordena hacerse cargo de 1.008 menores solicitantes de asilo que están en Canarias, pero ve difícil hacerlo “de la noche a la mañana”. El Ejecutivo recuerda que el auto judicial no establece que tenga que trasladarlos fuera de las islas.

Tras reunirse con el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, para abordar esta cuestión, el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, ha remarcado que el Supremo “no dice” que esos menores solicitantes de asilo “deben quedarse” en Canarias “o irse a otro lugar, lo que dice es que deben estar en el sistema nacional”. “Lo que es imposible es que pasen, como si fueran una bolsa, de un lado a otro, 1.000 menores de la noche a la mañana”, con lo que habrá que analizar “caso a caso”, ha añadido el ministro.

Clavijo ha reclamado que en ese análisis “caso a caso deberá imperar el interés general del menor”. El ministro ha puesto de relieve que el Tribunal Supremo ha puesto el foco en el “hacinamiento” que soportan en los centros de Canarias, donde hay casi 6.000 niños y adolescentes.

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El problema del hacinamiento “se resuelve llevando a los menores a otros recursos donde van a poder ser mejor atendidos”, ha insistido Clavijo. Mientras que Torres ha hecho de nuevo un llamamiento al PP para que lo apoye, y ha advertido de que para Canarias “sería dramático” que el plan no saliera adelante.

Respecto a la remisión incompleta de los datos de algunas comunidades autónomas sobre sus recursos de acogida de menores, el presidente canario ha dicho sentir “tristeza” ante lo que considera tácticas “dilatorias”, que implican “perpetuar la vulneración” de los derechos de los menores. Clavijo ha señalado que le corresponde al Gobierno de España exigir estos datos “de forma correcta”, y ha añadido: “Esperamos no tener que acudir a los tribunales para que se preserve el derecho de los menores”.

Sobre esto, el ministro Torres ha indicado que las comunidades que han remitido datos incompletos deberán hacer aclaraciones al Ministerio de Infancia, y ha avanzado que el Gobierno requerirá “en un tiempo corto” a las que no han trasladado información alguna para que lo hagan. En caso contrario, ha advertido, “tendremos que recurrir a aquellos mecanismos administrativos, jurídicos y de otra índole para que cumplan la ley. Porque es un real decreto ley. Espero que ninguno acabe incumpliendo la ley, máxime cuando estamos hablando de seres humanos”.