El Gobierno, tal y como acordó el Tribunal Supremo (TS) como medida cautelar la semana pasada, se hará cargo de 1.008 menores migrantes no acompañados que han solicitado asilo en Canarias tras atravesar en cayuco la ruta atlántica. Este millar de niños y adolescentes sin amparo familiar serán derivados, tras estudiar caso a caso, al sistema nacional de protección internacional, aunque el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, ha avisado que ve imposible hacerlo “de la noche a la mañana”, después de que el TS haya dado hasta el próximo día 9 de abril, de manera “improrrogable”, para realizar el traslado. Además, el ministro ha recordado que la medida cautelar no exige que los menores migrantes deban ser distribuidos por la península, como sí exige el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, con quien se ha reunido esta mañana en Santa Cruz de Tenerife.

La tutela de los menores que llegan a cualquier región tras entrar irregularmente en España corresponde a la comunidad autónoma, a diferencia de los adultos que piden protección internacional, que pasan a un sistema universal que gestiona el Gobierno central con recursos en todos los territorios. El Supremo, atendiendo a la petición de Canarias, lo que exigió es que, debido a la situación de hacinamiento, aquellos menores tutelados por el gobierno autonómico que sean solicitantes de asilo (1.008 entre los más de 5.500 que tiene a su cargo) pasasen inmediatamente a manos del Ejecutivo central para aliviar la situación en el archipiélago. Para coordinar el paso de un sistema a otro se han reunido varios ministerios implicados en el asunto en una cita que se ha prolongado poco más de una hora.

El presidente canario, en declaraciones a los medios tras la reunión, ha celebrado que se haya activado la maquinaria para pulir los detalles técnicos con los que cumplir la orden del Tribunal Supremo antes del miércoles que viene. Eso sí, ha dejado claro que los menores “deben salir” de Canarias, en los casos en los que se considere oportuno. Es decir, un niño de unos ocho años que esté acogido con en una familia canaria, y que esté escolarizado, pues podría quedarse en las islas, pero otro adolescente con 17 años, con su petición de asilo favorable —que implica el permiso de trabajo al cumplir la mayoría de edad— debería ser trasladado a la península, si así lo solicitase el menor.

Clavijo ha insistido en esta idea porque el Gobierno, tal y como ha recordado el ministro Torres, viene insistiendo estos días en que el auto del Supremo no especifica que los menores “deben quedarse” en Canarias. Es decir, el Gobierno está valorando la posibilidad de derivar a los menores migrantes a recursos propios en las islas con plazas libres, sin que tengan que ser repartidos por otras comunidades autónomas, tal y como confirman a La Vanguardia fuentes próximas a la reunión.