El PP ha tenido este jueves la oportunidad de corregir la impresión que habían causado sus palabras sobre los niños y niñas migrantes, y no lo ha hecho. Después de que Javier de Andrés asegurase que lo que tienen que hacer es volver con sus familias para estar bien atendidos y que en Euskadi hay un “efecto llamada” por sus políticas sociales, el PP ha votado en contra de una moción aprobada en el pleno ordinario del Parlamento que rechaza los discursos de odio y que se reafirma en el Pacto Social Vasco en materia migratoria, un modelo que el PP cree fracasado.

PNV, PSE y EH Bildu han escenificado un acuerdo de mínimos en el Parlamento Vasco en materia migratoria. Ha sido, en esencia, una llamada a la responsabilidad con el objetivo de rechazar los “discursos de odio” que han resurgido en los últimos tiempos contra las personas migrantes, especialmente los menores no acompañados que tienen que atender las comunidades autónomas, y cuya distribución ha puesto en pie de guerra al PP y Vox. El Parlamento apuesta por trabajar en el marco del Pacto Social Vasco por una migración “ordenada, segura y regular”, unos términos que no agradan a toda la izquierda, pero que se han utilizado como referencia porque son los que aparecen en el pacto mundial suscrito por 160 estados en 2018. Este texto de mínimos se acordó tras una propuesta inicial de EH Bildu, pero no fue suficiente para atraerse al PP (a Vox ni lo esperaban). Ni la mención a la migración ordenada y regular fue suficiente. El PP y Vox votaron en contra, con Laura Garrido a la defensiva, asegurando que la izquierda abertzale no puede dar lecciones de ética y discursos de odio. Sumar se abstuvo, precisamente, porque cree que la alusión a la migración regular evoca el discurso de quienes criminalizan a estas personas.

Euskadi acoge 859 menores migrantes no acompañados
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NTM / EP
El odio, las lecciones y el paro
El debate lo abrió desde EH Bildu Diana Urrea, parlamentaria de raíces colombianas, quien denunció que “los discursos de odio han convertido en un enemigo ficticio a las personas migrantes, en una cortina de humo para esconder los problemas reales de nuestras sociedades: la precarización del empleo, la falta de acceso a la vivienda, la situación de crisis en los servicios públicos”. Desde Sumar, Jon Hernández se abstuvo porque compartía el primer punto sobre los discursos de odio, pero no el segundo sobre la migración ordenada y regular.

Desde el PP, Laura Garrido recriminó a EH Bildu que defendiera la iniciativa por boca de Diana Urrea, la observadora internacional que acudió a Venezuela a legitimar las elecciones de Maduro. “Pretende dar lecciones a aquellos que precisamente tenemos una intachable trayectoria democrática, precisamente de la que adolece el grupo al que usted pertenece. Quizás deberían de mirar en su propia casa cómo han alimentado el discurso del odio durante tantos años”, dijo. Sobre el fondo del asunto, insistió en que el Gobierno español, del PSOE y Sumar y apoyado por PNV y EH Bildu, “ha favorecido la llegada de inmigrantes irregulares” y “las oficinas de Extranjería están colapsadas”. Pidió vincular la migración a la inserción laboral, y acusó al Gobierno vasco: “La tasa de paro de los extranjeros es un 24,57%; la de los no extranjeros, un 6,04%”.

La socialista Patricia Campelo apostó por ayudar desde los marcos legales y humanitarios, y el jeltzale Aitor Urrutia afeó al PP vasco que haga seguidismo de otros dirigentes populares en las comunidades autónomas para criticar el reparto de menores, y recordó que la CAV tiene 859, mientras Rioja atiende a 15 y Cantabria a 22.