El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha pedido a las comunidades autónomas que den una respuesta “verdaderamente justa, solidaria” sobre los menores migrantes no acompañados y ha añadido que “hay quienes hacen un uso torticero de los números”.

Así lo ha puesto de manifiesto en la inauguración del pleno del Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior (CGCEE), que ha tenido lugar en la Galería de las Colecciones Reales, en Madrid, respecto a las cifras aportadas por las autonomías sobre los menores migrantes no acompañados que acogen en la actualidad.

Las comunidades autónomas tenían hasta este lunes 31 de marzo para aportar los datos de menores migrantes que atienden. Aragón ha sido la única que no ha comunicado al Ministerio de Juventud e Infancia sus datos y otras, como Madrid, ha aportado cifras “de manera general”, según explicó este martes la ministra Sira Rego.

“Por tanto, yo lo que espero es que, ya que han enviado los datos, que ahora corrijan si es preciso hacerlo, y que la semana que viene reflexionen para que voten a favor del Real Decreto Ley. Sería de justicia, es un hito, nunca antes se había llevado al Congreso de los Diputados, desde hace 30 años lo llevan reclamando territorios fronteras”, ha señalado Torres.

El ministro ha señalado que es “lógico” que haya que aclarar con las comunidades autónomas “algunas cuestiones”, dado que ha habido un “corto espacio de tiempo” para certificar los menores inmigrantes extranjeros no acompañados que atiende cada una.

“Le hemos pedido a las comunidades autónomas que nos digan cuántos menores extranjeros no acompañados están atendiendo. Cuando tengamos todos los datos, nos falta Aragón y esas aclaraciones que hemos pedido a las comunidades autónomas, saldrá un número de todos los menores que hay en el conjunto del país”, ha expuesto.

Asimismo, ha explicado que, una vez realizada la distribución de los menores migrantes no acompañados, las comunidades tendrán que abrir plazas, si no las tienen abiertas, para poder atenderlos, “como hacen los territorios frontera”. También ha defendido que se trata de un real decreto-ley “objetivo, transparente, que iguala a las comunidades”.

TIENDE LA MANO AL PP
Precisamente, el ministro también ha tendido la mano al PP “para que comprenda que este real decreto-ley no es solo para ciertos territorios, es para cualquier territorio que tenga presión migratoria”. En este sentido, ha dicho que hay comunidades como Baleares que empiezan a tener una “cierta presión migratoria”.

Igualmente, se ha referido a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso y ha lamentado que se pongan “pegas” para niños que vienen de África. “Si ella afirma que su comunidad con 2.000 menores está saturada, ¿Qué opinaría de una comunidad que tiene muchos millones de habitantes menos, como es Canarias, que tiene 6.000?”, ha cuestionado.

Por otro lado, Torres ha avanzado que este jueves el Gobierno se reunirá con Canarias para dar respuesta al fallo del Tribunal Supremo sobre menores migrantes solicitantes de asilo. “Ahí plantearemos cuestiones, ellos lo harán, también el Gobierno de España, pero creo que es el camino, el camino de esa colaboración y de esa cooperación. No sé si serán necesarias algunas reuniones más, pero bueno, la voluntad está clara. Nosotros, por supuesto, que acatamos el auto del Tribunal Supremo”, ha explicado. Además, Torres se ha mostrado “convencido y seguro” de que Gobierno y Canarias avanzarán en un acuerdo en esta cuestión entre las dos administraciones.

Elma Saiz apela a la “responsabilidad”
La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha señalado este miércoles que “no vale jugar a la deslealtad o jugar a la hipocresía” tras ser cuestionada sobre las cifras que han aportado las comunidades autónomas de menores migrantes no acompañados que atienden.

La ministra ha asegurado en declaraciones a medios en la inauguración del pleno del Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior (CGCEE), que ha tenido lugar en la Galería de las Colecciones Reales, en Madrid que “No vale más intentar, como practica el Partido Popular, intentar hacer daño al gobierno de España, con una oposición destructiva, cuando lo que hacen es dañar, en este caso, los intereses de los menores no acompañados”.

Igualmente, ha apelado a la responsabilidad de las comunidades y a que “la solidaridad no sea una palabra hueca”, en referencia a la Comunidad de Madrid y Aragón. “Que viendo actitudes de algunas de las comunidades autónomas, si es que están, desde luego, quien no aporta datos, o quienes, si es que así es y así se comprueba, estén dando datos que no responden a la realidad, eso desde luego demuestra que la solidaridad para estos líderes autonómicos, en este caso del Partido Popular, es una palabra hueca”, ha afirmado.

Ha incidido en la importancia de la lealtad institucional y de la transparencia a la hora de compartir datos. “Qué importante es la lealtad institucional en un tema tan sensible, estamos hablando de menores, de niños y niñas, donde no cabe deslealtad institucional, no cabe manipulación alguna, así que apelo a la responsabilidad de las comunidades autónomas a que ese intercambio de información de cómo se encuentran sus sistemas de atención, de asistencia, sean fidedignos a la realidad”, ha agregado.

De hecho, Saiz ha dicho que las comunidades autónomas han atendido a más de 40.000 menores ucranianos, algunos de ellos, no acompañados. “Y ninguna comunidad ha dicho ni mu, no ha abierto titulares y no ha habido, como lo estamos viendo, baile de cifras en los datos”, ha reprochado a las comunidades. En cuanto al auto del Tribunal Supremo sobre menores migrantes no acompañados solicitantes de asilo, Saiz ha indicado que el Gobierno se encuentra analizando jurídicamente de cara al cumplimiento del mismo.

El pleno del Consejo se celebra en la sede del Instituto Cervantes este 2 y 3 de abril. El Consejo General funciona en pleno y en comisiones, y su regulación legal establece que celebrará, al menos, una sesión ordinaria plenaria cada año. Por su parte, la presidenta del Consejo General, Violeta AlonsoPeláez, ha dicho que la red consular “preocupa” de forma “masiva” a los consejeros del exterior. En este sentido, ha añadido que esta no está dimensionada para el servicio que hay que dar y ha pedido que la red sea “moderna”, “actualizada” y que pueda dar servicio a personas vulnerables, acorde a la ciudadanía que se encuentra en el exterior. El Consejo General de Ciudadanía en el Exterior, previsto en el Estatuto de la Ciudadanía Española en el Exterior, es un órgano de carácter consultivo y asesor, adscrito a la Secretaría de Estado de Migraciones. Este tiene como principal objetivo “garantizar la efectividad del derecho de los españoles y españolas residentes en el exterior a participar en los asuntos que les conciernen, así como promover la colaboración de las administraciones públicas en materia de atención a la ciudadanía española en el exterior y personas retornadas”.